ESCUCHARA más de un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto de ley que establece sanciones contra personas físicas o jurídicas que pudieran estar prestando asistencia al país que gobierna Vladimir Putin.
La iniciativa, que lleva la firma de la totalidad de la bancada del partido, indica que el Poder Ejecutivo deberá elaborar un registro público de “personas y entidades vinculadas a las acciones militares contra Ucrania”.
Mecanismo
“Consideramos que las sanciones son un mecanismo pacífico útil para disuadir cualquier acción del gobierno de Putin que tenga por objeto la vulneración de la integridad territorial de los Estados, así como el ataque a objetivos civiles y la violación de los derechos humanos”, expusieron los legisladores en los fundamentos de la norma que proponen, cuya autoridad de aplicación sería la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el registro figurarían aquellos sobre quienes existe “sospecha fundada” de que son responsables o partícipes, directa o indirectamente, de “acciones que socaven los procesos democráticos o las instituciones en Ucrania; que atenten contra la paz, seguridad, estabilidad, soberanía, o integridad territorial del país; que se apropien indebida de activos estatales de Ucrania o de una parte económicamente significativa o de haber afirmado autoridad gubernamental sobre cualquier parte o región de Ucrania sin la autorización de su Gobierno”.
“Consideramos que las sanciones son un mecanismo pacífico útil para disuadir cualquier acción del gobierno de Putin que tenga por objeto la vulneración de la integridad territorial de los Estados, así como el ataque a objetivos civiles y la violación de los derechos humanos”, expusieron los legisladores de la CC.
El paquete de restricciones también dispone que se prohíbe a toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que realice o esté autorizada a realizar actividades en Argentina, y a sus accionistas, “tener participación directa o indirecta en sociedades nacionales o extranjeras” incluidas en el registro, así como “contratar, efectuar transacciones, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito”.
La iniciativa establece también que “los buques y aeronaves de propiedad o que se encontraren bajo el control del Estado ruso”, así como de las personas o entidades que integren el registro creado por esta la ley, no podrán ingresar ni permanecer en el país.
Asimismo agrega: “Se deroga la ley que habilita establecer convenios entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación Técnico-Militar. Los agentes de las fuerzas nacionales que se encontraren desarrollando actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento, deberán ser citados a regresar al país”.
