ESCUCHARNo tiene precedentes en el país y sienta criterios para la recolección y el tratamiento de evidencias. También se fijaron pautas para el correcto transporte y custodia de éstos. En el encuentro, Germán Garavano reafirmó el compromiso de la repartición para reforzar los laboratorios regionales forenses
Junto a 23 fiscales de diferentes provincias, el Ministerio de Justicia de la Nación validó un protocolo unificado para la investigación criminal.
Fundamentalmente, sienta los criterios para la recolección y el tratamiento de las evidencias, algo que, en numerosos casos, implicó graves problemas.
En el documento se abordaron pautas sobre contaminación, pequeños deslices y falta de cuidados higiénicos, detalles que pueden adulterar la escena de un crimen o los rastros de cualquier otro tipo de delito.
Así, se buscó fijar criterios comunes para evitar fallas que no pueden ser suplidas.
El protocolo fue uno de los temas que se discutió en la última reunión del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), de la cual participaron fiscales, procuradores, defensores y funcionarios. En esa oportunidad se discutió cómo abordar la problemática que se presenta con el tratamiento de la evidencia y, por ello, y a instancias de la cartera dirigida por Germán Garavano, los fiscales suscribieron el citado documento.
El acuerdo sobre los criterios de recolección, transporte y custodia de las evidencias que serán utilizadas más tarde en el proceso Penal, como su posterior tratamiento en términos científicos, no tiene precedentes en Argentina ya que, si bien hay líneas de investigación que se respetan en las distintas jurisdicciones, no se había elaborado nunca un protocolo con alcance nacional.
El subsecretario de Política Criminal de la Nación, Juan José Benítez, señaló que la medida “es una deuda histórica que se tenía con la investigación criminal”.
Por su parte, Garavano reafirmó el compromiso de reforzar los laboratorios regionales de investigación forense.
El protocolo fue validado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina.
