ESCUCHARLa decisión fue adoptada por los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. El pedido había sido formulado por la DAIA
La Sala I de la Cámara Federal de Casación resolvió ayer la reapertura de la denuncia que el fallecido titular de la UFI-AMIA Alberto Nisman había formulado en enero de 2015 contra la ex presidente Cristina Fernández y ex funcionarios de su gobierno, y que había sido desestimada por un juez de primera instancia y la Cámara Federal.
La decisión fue tomada por los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes hicieron lugar a un planteo de organizaciones como la DAIA, que insisten en investigar si la gestión de Cristina Fernández encubrió a los iraníes imputados por el atentado contra la AMIA mediante la firma de un memorándum con Teherán, que nunca entró en vigencia por no haber sido puesto en práctica por ambas partes.
Según el fallecido fiscal, el pacto -que contemplaba la creación de una “Comisión de la Verdad”- perseguía el objetivo de dar de baja los pedidos de captura de Interpol que pesaban sobre los funcionarios iraníes. Siguiendo ese razonamiento, el 14 de enero de 2015, Nisman denunció a Cristina; al entonces canciller, Héctor Timerman; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque; a Luis D’Elía y a Fernando Esteche; al supuesto agente inorgánico de la ex SIDE Allan Bogado y al ex juez Héctor Yrimia.
Un largo recorrido judicial
La disputa en torno a esta denuncia fue total y enfrentó a jueces y fiscales de todas las instancias. La comunidad judía institucionalmente hizo campaña por reabrir la causa. El juez federal Daniel Rafecas y, tiempo después, la Sala I de la Cámara Federal rechazaron la reapertura del caso. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación y pidió 50 medidas de prueba, pero Rafecas sostuvo que no había delito, criticó con dureza el trabajo de Nisman y archivó las actuaciones.
El fiscal Germán Moldes ante la Cámara Federal apeló la decisión y la causa llegó a la Sala I de ese tribunal. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero confirmaron lo dicho por Rafecas. El caso no tuvo el impulso del fiscal Javier de Luca en la Casación y quedó a punto de cerrar. Sin embargo, la DAIA se presentó este año ante la Justicia con nuevos hechos y pidió que se desarchive el expediente. El juez Rafecas y la Cámara Federal reiteraron que no había delito y, finalmente, la causa llegó a Casación.
