ESCUCHAREn particular, la máxima instancia en lo Penal del país aludió a los detenidos con preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos” o que no representen un riesgo procesal significativo
En el marco de la pandemia de coronavirus, la Cámara Federal de Casación Penal les recomendó a los tribunales del fuero en todo el país que adopten medidas alternativas al encierro carcelario, como la prisión domiciliaria.
Para ello, suscribió una acordada en la que, como parámetro general y ante la cantidad de reclamos, aconsejó otorgar aquel beneficio.
En particular, aludió a los internos encarcelados cautelarmente por “delitos de escasa lesividad o no violentos” o que no representen un riesgo procesal significativo, y siempre con los mecanismos de control y monitoreo que los jueces estimen pertinentes.
Además, aclaró que todas las medidas podrán revisarse cuando concluya la emergencia sanitaria que rige por el Covid-19.
La cámara enfatizó que, en cada caso, los magistrados deberán asegurar el debido proceso legal, garantizar los derechos de las partes y, en especial, dar estricto cumplimiento a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la norma dispone que se debe pedir y valorar la opinión de las querellas que representen antes de conceder algún beneficio a los condenados.
Casación también instó a dar prisión domiciliaria en supuestos en los cuales la preventiva haya superado ostensiblemente los plazos previstos sin condena, tomando en cuenta las características de cada expediente.
En el listado de posibles beneficiarios se incluyó a condenados por delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena o con condenas a penas de hasta tres años de prisión.
También figuran los detenidos que estén en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional.
Casación recordó que en anteriores disposiciones dispuso que se le conceda el arresto domiciliario a mujeres embarazadas y/o encarceladas con hijos e hijas y adultos mayores o con discapacidades que expongan a “un mayor riesgo de complicaciones graves” si contraen coronavirus.
En ese grupo incluyó a personas inmunodeprimidas, enfermedades crónicas como coronarias, diabetes, pulmonares y VIH.
“Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados”, se explicó en la acordada.
En el caso de delitos graves, Casación le encomendó a los jueces federales de todo el país analizar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la posibilidad de otorgar beneficios por el Covid-19.
Planteos
La acordada de la Casación responde a los planteos efectuados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y por el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura.
Todos pidieron que el máximo tribunal Penal federal fijara un parámetro general de actuación.
Río Tercero
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria al ex funcionario de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Carlos Franke, condenado a 13 años de prisión por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995.
Franke está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 26 de julio de 2018 y solicitó el beneficio a raíz de la pandemia, por su edad, estado de salud y para cuidar a su madre de 99 años.
Franke fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba, que rechazó su pedido de prisión domiciliaria en una decisión ahora confirmada.
La defensa oficial de Franke sostuvo que se trata de un adulto mayor (tiene 74 años) y que sus enfermedades de base lo colocan en “una situación de riesgo aún mayor que el resto de la población”.
Además alegó que tiene a su cargo a su madre, quien -se aseguró- no puede valerse por sí misma.
Franke fue incluído en un listado de grupos de riesgo confeccionado por el Servicio Penitenciario Federal sobre la población penal, pero Casación consideró que no hay una comprobación de riesgo efectivo y concreto a su salud que derive en la necesidad de disponer su detención domiciliaria.
El dato
En el listado de posibles beneficiarios se incluyó a condenados por delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena o con condenas a penas de hasta tres años de prisión.
También figuran los detenidos que estén en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional.
