ESCUCHARLa automedicación, la falta de evidencia científica sólida para tratar síntomas, la carencia de datos de dosificación y las potenciales interacciones medicamentosas encienden alarmas. El Estado ya planteó sus preocupaciones ante la Justicia. Tuvo éxito y se revocaron permisos que habilitaban el cultivo domiciliario para producir aceite
Promediando el año, se difundió una encuesta realizada por un centro de salud público tucumano especializado en oncología que reveló que más de 80 por ciento de los pacientes le compra cannabis medicinal a particulares.
Los resultados del relevamiento se presentaron en el marco del encuentro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), realizado en julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La automedicación, la falta de evidencia científica sólida para el tratamiento de síntomas, la carencia de datos de dosificación y las potenciales interacciones medicamentosas encienden alarmas entre galenos e investigadores. Antes, en varios procesos judiciales, el Estado había planteado su inquietud respecto a los estándares de calidad del insumo y sus argumentos fueron admitidos por la Justicia.
Sentencias
En mayo, dos sentencias de Cámara revocaron permisos otorgados a padres de niños que padecen enfermedades que no responden satisfactoriamente a la medicación convencional.
Primero, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta planteó que el autocultivo de cannabis con fines medicinales, una práctica que se viene habilitando, puede generar productos de dudosa efectividad.
Lo hizo al admitir un recurso del Estado y revocar parcialmente un decisorio que autorizó a la madre de un niño de seis años que padece neurofibromatosis NF1, una enfermedad genética, a cultivar marihuana.
A su turno, el juez Julio Bavio habilitó a la actora a tener 12 plantas adultas y 40 plantines “en la esfera reservada, íntima y privada de su domicilio” y para el uso exclusivo del infante.
El Estado apeló el decisorio y alegó que aprobar que la amparista cultivara cannabis implicó dejar la producción de aceite “sin ningún control”, lo cual conllevaba “gravedad institucional”.
También indicó que un producto que “no cumple buenas prácticas de cultivo y estándares de calidad medicinal” puede tener impactos negativos para la salud y argumentó que en cada supuesto los profesionales tratantes deben conocer la concentración de principio activo por mililitro químico para evaluar el impacto del tratamiento, sus efectos adversos y las dosis.
La alzada admitió parcialmente la apelación y recordó que si bien el autocultivo de cannabis con fines medicinales fue debatido en el Congreso Nacional se decidió mantener la prohibición establecida en la Ley de Estupefacientes.
Así, apuntó a los posibles riesgos que pueden darse por la administración de fármacos elaborados artesanalmente por quienes no tienen capacitación profesional.
Poco después, en Río Negro, con argumentos similares, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la cautelar otorgada en 2018 a una mujer para cultivar cannabis y procesarlo con destino al aceite medicinal que, según expuso, le permitió a su hijo de ocho años, quien padece de síndrome de Tourette (un trastorno psiquiátrico caracterizado por múltiples tics físicos y vocales), llevar una vida normal.
Paliativos
La semana pasada, el posible mal uso del aceite de cannabis y los riesgos asociados a la práctica se abordó en una capacitación sobre cuidados paliativos que organizaron el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Durante el encuentro, los profesionales coincidieron al señalar que el autocultivo es un problema. Asimismo manifestaron que a diario reciben consultas sobre dosificación por parte de personas que obtienen goteros de producidos artesanalmente.
Ariel Cherro, presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina, estimó que como la utilización de marihuana con fines medicinales está muy promocionada, en algunos casos las expectativas de los pacientes generan un problema de salud pública, porque inhabilita otros posibles tratamientos, porque se niegan a recibir las terapias tradicionales para el dolor; por ejemplo, con morfina.
Otro asunto que se abordó es el costo del aceite “domiciliario”. Los especialistas informaron que los fabricantes piden hasta cinco mil pesos por frasco y que algunos enfermos dejan de pagar el tratamiento que el médico les indica porque optan por la marihuana.
En tanto, mencionaron que no hay capacitación en la materia y apuntaron a la “escasa y controversial” evidencia científica con la que cuentan los galenos para tratar el dolor por cáncer con aquella sustancia.
“Para poder tomar decisiones, los médicos tienen que basarse en estudios clínicos, con un metaanálisis (para analizar varios estudios), y de ahí pueden extraer conclusiones. Esto, en cannabis medicinal relacionado con cuidados paliativos no lo tenemos”, dijo el experto.
Dudas
Si bien Cherro admitió que los cannaboides son analgésicos, aclaró que hay dudas con respecto a su efectividad en personas que sufren dolores severos.
Bajo esa premisa, manifestó que hay que tener precaución porque no hay definición de indicaciones ni vías de administración precisas y porque no son considerados analgésicos de primera línea en cuidados paliativos oncológicos.
“El pilar de tratamiento siguen siendo los opioides como la morfina, la metadona, la oxicodona”, subrayó.
Proyectos
En septiembre, Canopy Growth Corporation, una firma canadiense fundada en 2013, desembarcó en el país por medio de su división médica Spectrum Therapeutics.
Uno de los objetivos de la compañía es desarrollar proyectos para avanzar en la educación sobre el uso de cannabis medicinal en Argentina. Con ese fin, suscribió un acuerdo de cooperación con la Unidad de Vinculación Tecnológica (Ubatec), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Argentina ha seguido el movimiento en la región y en los últimos años ha intensificado la discusión sobre el cannabis medicinal, con pacientes liderando la conversación sobre el acceso a estos tratamientos con el potencial de ofrecerles una mejor calidad de vida”, expresó Marcelo Duerto, country manager de Canopy Growth Corporation en Argentina y agregó: “Estamos orgullosos de traer nuestra experiencia global a este país y nuestra misión es educar y simplificar las decisiones sobre el cannabis medicinal tanto para pacientes como para profesionales de la salud”.
Considerado el cuarto mercado potencial más grande de América Latina, Argentina es el quinto país de la región donde Spectrum Therapeutics desplegará actividades.
También el mes pasado, con el eje en salud, 28 organizaciones presentaron acuerdo para regular el uso de cannabis. La despenalización del consumo, el acompañamiento y tratamiento del sistema de salud para reducir daños, la regulación de la producción y venta y el autocultivo son algunos de los ejes del texto que suscribieron los grupos.
“Este acuerdo es una instancia novedosa porque implicó el trabajo conjunto de distintos actores sociales, organizaciones y organismos para impulsar una iniciativa muy necesaria en Argentina, donde el cannabis es la sustancia psicoactiva más consumida, después del alcohol y el tabaco”, indicó Marina García Acevedo, del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Acevedo señaló que el organismo impulsa la necesidad de “despenalizar el consumo de todo tipo de sustancias a la vez que regular el mercado del cannabis, lo que implicará una disminución en la vulneración de los derechos humanos de la población”.
“Como el consumo se encuentra penalizado, a pesar de que hace diez años la Corte Suprema dijo que esto era inconstitucional (en el fallo ‘Arriola’), la policía todavía detiene y genera causas a quienes tienen marihuana; esto se focaliza especialmente en los sectores más vulnerables”, acotó.
Acevedo describió que en algunos distritos, como el partido bonaerense de Necochea, más de 60 por ciento de las causas iniciadas corresponden a “tenencia para consumo”.
“Este modelo de ‘guerra contra el narcotráfico’ fracasó en todo el mundo, fomentó el negocio y no redujo en absoluto el consumo problemático”, continuó.
Por su parte, Graciela Touzé, de la Asociación Civil Intercambios, coincidió en que el acuerdo es novedoso porque “va más allá de la despenalización de la tenencia para consumo, en lo que todos coincidimos, pero también agrega la necesidad de regular”.
“Cuando estamos ante prácticas que implican algún riesgo como sucede con el consumo de cualquier sustancia psicoactiva -como por ejemplo el alcohol-, prohibirla no genera ninguna posibilidad de cuidados ni de reducción de esos riesgos”, señaló.
La especialista afirmó que “regular implica establecer condiciones, pautas, en qué lugar se podría consumir, en cuáles no, cómo cuidar a los menores de 18 años, controlar la calidad del producto para que no contenga sustancias más tóxicas, a la vez que regular un mercado que actualmente existe y que es totalmente ilegal”.
Además del CELS e Intercambios, el documento fue firmado por Mamá Cultiva, la Fundación Miradas y el Centro de Estudios Avanzados sobre Drogadependencia de la Universidad de Rosario, entre otras organizaciones.
