ESCUCHARA principios de diciembre pasado Jorge Macri juró como nuevo jefe de Gobierno porteño y adelantó que le reclamará al Gobierno nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) los fondos de coparticipación que, según expuso, la Administración del ex presidente Alberto Fernández “le quitó de forma unilateral y contraria a la Constitución” en septiembre de 2020.
Cabe recordar que el recorte fue decretado para darle un aumento a la Policía Bonaerense, en medio de una protesta de efectivos que puso en jaque la seguridad de la provincia a mediados de aquel año.
El ex mandatario de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, judicializó el caso y hace poco más de un año, en diciembre de 2022, por unanimidad, la Corte sentenció a favor de la CABA.
El máximo tribunal dictó una cautelar y ordenó que se le entregue el 2,95% de la masa coparticipable. El Gobierno porteño pidió 3,50% en el reclamo de fondo.
La Corte basó su decisión en dos factores relacionados: por un lado, la verosimilitud del derecho invocado por la actora, y por el otro, la necesidad de atenuar -durante el proceso- la alteración que causa el recorte de fondos en el normal desempeño de la administración porteña y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población.
Causa penal
En marzo de 2023, en el marco de la causa penal por los fondos que inició la Administración porteña a fines de 2022 ante el incumplimiento del fallo dictado por la Corte, el Banco Ciudad respondió un oficio cursado por el fiscal Ramiro González, quien investiga la denuncia de la gestión de Rodríguez Larreta contra el presidente Fernández y otros funcionarios.
En aquel entonces, la pesquisa se activó a raíz de una serie de medidas de prueba que impulsó el agente.
La entidad bancaria detalló cada una de las transferencias que se realizaron desde el 22 de diciembre de 2022 y precisó que la deuda superaba los $45 mil millones.
Gestiones
Ahora, el bloque de diputados nacionales del PRO, encabezado por el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Gobierno Nacional que “realice todas las gestiones que fueran pertinentes y necesarias” para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la máxima instancia sobre la quita.
Los legisladores señalaron que el ex presidente Fernández, “fiel a su estilo”, se apresuró al anunciar su decisión de no cumplir la sentencia, motivo por el cual diputados de la entonces oposición pidieron su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional, y propiciaron la interpelación y censura del jefe de Gabinete de Ministros, por la misma razón.
“Un día después de publicada la sentencia, el ex presidente decidió no obedecer lo ordenado”, recordaron, por lo que le pidieron a la nueva administración nacional que el cumplimiento del fallo se efectivice cuanto antes.
El proyecto lleva las firmas de, entre otros, los diputados nacionales del PRO María Eugenia Vidal, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Diego Santilli y Laura Rodríguez Machado.
