La ART debe responder por siniestro laboral al no estar caído el contrato con la patronal

Al considerar que el contrato de seguro estaba vigente a la fecha que se denunció de la patología laboral del actor, ya que el empleador había regularizado la deuda con la demandada Prevención ART, la Sala Contencioso Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia de la cámara a quo, que condenó a la aseguradora al pago de la condena de autos.

Sin embargo, en el fallo se hizo lugar al cuestionamiento de la accionada, respecto de los intereses fijados por el tribunal de mérito y ordenó que se calculen desde el dictamen de la comisión médica y según la nueva tasa establecida en el precedente “Seren”.

El impugnante se agravió por el rechazo de la defensa de falta de acción opuesta al denunciar que el a quo soslayó evaluar prueba dirimente -pericial contable remitida mediante oficio ley 22172-, que acreditó que el contrato se extinguió por la falta de pago de las cuotas del seguro, previo al siniestro ocurrido. Insiste en que su mandante cumplimentó los recaudos que establece el artículo 18, incisos 2 y 3 del decreto 334/1996, reglamentario de la Ley Nº 24557, de Riesgos del Trabajo.

Por otro lado, el recurrente cuestionó el cálculo que efectuó el sentenciante del Ingreso Base Mensual (IBM) del trabaja, sosteniendo que erróneamente tuvo en cuenta que la fecha de la primera manifestación invalidante coincidía con la del dictamen de la comisión médica, pues debió considerar la del hecho súbito ocurrido como jurisprudencialmente se ha establecido.

Agravio

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel analizó el recurso planteado, indicando que el a quo al analizar la causa indicó que el agravio vinculado a la desestimación de su defensa de no seguro era inadmisible.

De ello, se derivó que de su lectura “ surge un desarrollo confuso y ambiguo del motivo casatorio, elabora supuestos vicios sin respetar la plataforma fáctica determinada y expone una particular e interesada interpretación de los mismos elementos de convicción que condujeron al tribunal a la solución a la que se arribó, resaltando los que juzga favorable a su postura y prescindiendo de los que le son contrarios ”.

Asimismo, se consideró que el recurrente insiste en que “ el decisor omitió valorar el informe remitido mediante oficio ley 22172, pero soslaya que del historial de los contratos ponderados y de la pericia contable oficial surgió que la empleadora había regularizado su deuda y la afiliación subsistía a la fecha de realización del mencionado dictamen ”.

Además, el TSJ consideró que Prevención “ obró contrariando el principio de buena fe ya que no planteó su defensa en la primera oportunidad (denuncia del siniestro), situación que motivó el rechazo de la excepción interpuesta ”.

En función de lo precedentemente expuesto, el Alto Cuerpo señaló que los términos del fallo “ evidencian que al tiempo en que correspondía el otorgamiento de las prestaciones dinerarias (11 de abril de 2017, según dictamen de la Comisión Médica) el contrato de cobertura se encontraba vigente ”.

Intereses

Al abordar el capítulo referente a los intereses, el a quo había determinado que la Primera Manifestación Invalidante (PMI) ocurrió el día en el que la Comisión Médica emitió su dictamen, consolidando el daño.

Por tales premisas, el el fallo entendió que “ el cuestionamiento a los intereses fijados por el a quo es de recibo pues a efectos de la cuantificación del resarcimiento consideró el día señalado precedentemente, por lo que los accesorios deberán ser computados desde ese momento ”.

Además, el vocal del voto observó que “ si bien la determinación de la tasa respectiva es materia reservada a los jueces de la causa ”, la Sala del alto tribunal “ no puede desentenderse de la función unificadora a su cargo y en virtud del reciente pronunciamiento ” dictado en los autos “Seren Sergio Enrique c/Derudder Hermanos SRL” (S 128/2023) “ debe modificarse el interés dispuesto por el Sentenciante, el que se emplazará desde la fecha de consolidación del daño y hasta el 31/12/2022 en la tasa pasiva promedio nominal mensual del BCRA con más el dos por ciento mensual, conforme la causa ‘Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral SA’ (S 39/2002) y desde el 01/01/2023 y hasta la fecha del efectivo pago, la tasa pasiva promedio nominal mensual del BCRA con más el tres por ciento mensual de acuerdo al precedente aludido anteriormente ”.