ESCUCHARLa Cancillería anunció que el país retomó la denuncia de 2018 en la que se le reclamó a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que investigue al régimen de Venezuela por sistemáticas violaciones de derechos humanos que la gestión de Alberto Fernández retiró en marzo de 2021.
“La República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el ministerio a cargo de Diana Mondino.
El planteo lo promovieron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces, gobernada por Mauricio Macri–.
Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante la CPI, cuya misión es juzgar acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra y contra los DDHH.
En marzo del 2021, el gobierno de Fernández le retiró su apoyo. Lo hizo el mismo día que anunció su salida del Grupo de Lima, por lo que definió como “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más” que llevó “posiciones” que, según expuso, no podía “acompañar”.
En el mismo comunicado, expuso además que las acciones del foro no condujeron a nada y opino que la solución a la crisis venezolana pasaba por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector” y que permitiera la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría”.
La decisión fue celebrada por Venezuela. “Tiene un valor simbólico importante”, dijo Tarek William Saab, el fiscal general alineado a Nicolás Maduro.
Durante nueves meses, expertos internacionales independientes convocados por la OEA recabaron información, recibieron el testimonio de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DDHH.
Abordaron las agresiones contra dirigentes opositores y “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas” que, determinaron, se usaron como “herramientas” para aterrorizar al pueblo venezolano.
Entre sus conclusiones, el informe señaló que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas e identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015.
En tanto, reportó que más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder, tras la muerte de Hugo Chávez.
