ESCUCHAREl ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Waldo Wolff, aseguró que la cartera que dirige está gestión están trabajando para “proteger a los porteños” y estimó que eso significa que “el extranjero que está a prueba y comete un delito se tiene que ir” de Argentina.
“Hay distintos status de extranjero, el que tiene la residencia temporal y está a prueba está en discusión. El que está a prueba y comete un delito se tiene que ir”, sostuvo Wolff en diálogo con Radio Continental.
Además, aseguró que hay grupos organizados de países limítrofes que se organizan “para venir a delinquir”. En esa línea, afirmó que el 40% de los asesinatos perpetrados en la CABA fueron cometidos por extranjeros. “Es un indicio que nuestra legislación es laxa para aquellos extranjeros que con irregularidad delinquen, esto no pasa en la enorme mayoría de democracias en el mundo”, concluyó Wolff.
La semana pasada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó públicamente que se retome la política migratoria de la Administración de Mauricio Macri y que se restituya el decreto que, en 2017, impuso más restricciones al ingreso de extranjeros al país y, además, preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, escribió Jorge Macri en su cuenta de la red social X.
Citó un episodio de seguridad sucedido hacía horas, cuando ante una alerta al 911 personal de la Policía Metropolitana detuvo a tres hombres que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera.
Todos (dos chilenos y un colombiano) son extranjeros sin ciudadanía argentina. Intentaron darse a la fuga y durante la persecución se desprendieron de un bolso con 14 celulares.
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra ciudad no debe ser más el lugar al que se vienen a cometer delitos”, añadió el jefe de Gobierno de la CABA.
Luis Petri
La supresión del DNU 70 fue fustigada por la oposición.
A principio del 2021, al igual que otros dirigentes, el por entonces diputado nacional por la UCR Luis Petri cuestionó la derogación de la manda que, entre otras cosas, prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales.
El mendocino sostuvo que aunque el Gobierno de Alberto Fernández decía que luchaba contra la delincuencia, el hecho de “abrirle las puertas” fomentaba la inseguridad.
“No hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen”, añadió en actual titular de Defensa, y sostuvo que la decisión fue “gravísima”.
En esa línea, criticó otras medidas, como la liberación de presos y la “justificación de usurpaciones”.
“El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos”, planteó.
Poco más de un año después, el legislador Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley al respecto, luego de que 50 hinchas de Deportivo Cali fueran detenidos con armas blancas. Muchos tenían un ingreso irregular y fueron deportados.
Fundamentado que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, el decreto dictado por Mauricio Macri puso en marcha un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con agilidad. También planteó que había crecido la población carcelaria y que los procesos administrativos y judiciales eran muy largos.
La gestión de Fernández lo dejó sin efecto alegando que tenía medidas “irreconciliables” con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales y a las que cumplan condena o tengan antecedentes tanto en Argentina como el exterior por delitos que merezcan según las leyes locales penas privativas de libertad o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos” y lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
Aquélla se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o de promoción de la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.
Luego de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidiera que se expulsen a los extranjeros que delinquen como parte de una “medida correctiva”, Guillermo Francos se hizo eco del planteo de su compañera de gabinete y encabezó un encuentro en la Casa de Gobierno con funcionarios de la cartera de Interior para discutir modificaciones en la política migratoria.
