ESCUCHAREl ex intendente de la ciudad de Córdoba, Germán Kammerath, y un grupo de ex funcionarios menemistas quedaron al borde del juicio oral, luego de que ayer se conociera la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña de rechazar un recurso de casación contra el fallo que confirmó el procesamiento y embargo de doce imputados en la causa “Thales Spectrum”.
En su resolución, el tribunal consideró “inadmisible” el planteo, puesto que el procesamiento oportunamente dictado por el juez federal Norberto Oyarbide no tiene el carácter de “sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción o pena, o impida la continuación de las actuaciones, o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
Ante el fallo, sólo queda a los acusados la posibilidad de presentar un recurso de queja. Si éste no prospera, Oyarbide ya estará en condiciones de disponer la elevación a juicio del caso, en el que, además de Kammerath, están procesados Alberto Gabrielli, Matías Bourdieu, Pablo Francisco Arancedo, Hugo Jorge Zothner, Jorge Justo Neuss, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Roberto Carlos Catalán, Roberto Eliseo Uanini, Alejandro Bernardino Cima y Juan Carlos Casagne.
Cabe recordar que el 23 de marzo pasado el ex presidente Carlos Menem fue procesado en la misma causa por Oyarbide, pero su caso se tramita de forma separada y por el momento no integra el listado de inminentes enjuiciados.
Al confirmar todos los procesamientos, la Cámara Federal ordenó al referido magistrado investigar si el favoritismo que se considera probado hacia la firma Thales Spectrum al adjudicar la concesión obedeció a un presunto pago de sobornos. Los contratos fueron anulados durante la presidencia de Néstor Kirchner y significaron, según la Justicia, una pérdida de 450 millones de pesos para el Estado.
El gobierno menemista concedió a Thales hasta el 2012 -y a cambio de 500 millones de dólares- la administración, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico. El proceso de licitación, según sostiene la Justicia, estuvo armado a la medida de los intereses de la firma francesa.
El contrato fue anulado en 2004, luego de un informe de la Auditoría General de la Nación que advirtió los incumplimientos de la empresa.
