En Inglaterra, un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, en donde podría ser juzgado por espionaje, por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.
Ahora, la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra en cualquier extradición, podrá recibir hasta el 18 de mayo los alegatos de la defensa de Assange, que tiene la opción de apelar la medida ante el Tribunal Superior.
La Justicia de Estados Unidos espera enjuiciar al australiano por la difusión de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.
Para la administración del demócrata Joe Biden, Assange, de 50 años, no es un periodista, sino un pirata informático que puso en riesgo la vida de numerosos informantes.
Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el caso es un ataque a la libertad de prensa.
Para los defensores de Assange, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto cuando estuvo asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, y con la que se casó en marzo, “el destino de Julian” está “en manos de la ministra del Interior”.
Según Moris, se trata de una “causa política” y la funcionaria “puede ponerle fin”.