viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Juicio. Piden absolución de los hermanos Castedo

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Los abogados defensores de los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo, acusados por el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma, ocurrido en la localidad salteña de Salvador Mazza en septiembre de 2006, pidieron hoy la absolución de los imputados, en el juicio que desde septiembre pasado se desarrolla en Orán.

Fuentes judiciales informaron que los abogados Horacio Morales y Mariano Álvarez consideraron que la prueba producida no es suficiente para condenar a sus defendidos y solicitaron a los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán que sean absueltos de forma lisa y llana, y por el beneficio de la duda en forma subsidiaria.

Los hermanos Castedo llegaron al juicio imputados de los delitos de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento, en perjuicio de Liliana Ledesma.

La semana pasada, tanto la fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas (GAP), Claudia Carreras, como la querella, integrada por los abogados David Leiva y Grisel Kolb, pidieron la pena de prisión perpetua para los acusados, por considerarlos coautores de los delitos de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Hoy, los defensores también solicitaron la invalidez de los alegatos de la Fiscalía y la querella, tras lo que Carreras consideró improcedente el planteo, debido a que no han sido vulnerados los derechos constitucionales ni el derecho de defensa, como tampoco hubo alteración de la plataforma fáctica en sus alegatos y por ende no se ha violado el principio de congruencia.

Por ello, la fiscal solicitó que se rechace el planteo de invalidez, a lo que adhirió la querella, tras lo que el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, a las 17, para resolver la incidencia.

El tribunal integrado por los jueces Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, está a cargo de este juicio que comenzó el 19 de septiembre pasado, tras haber sufrido siete suspensiones por maniobras de la defensa técnica, que pretendía trasladar a los Castedo desde Ezeiza hasta Orán, para que puedan asistir de manera presencial.

En un principio estaba estipulado que este proceso se realice en tres audiencias, pero ya lleva 11, en más de un mes, y si bien hoy terminaron los alegatos de las partes, aun no hay fecha para la lectura de la sentencia.

En 2010 la exCámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán había condenado por el mismo hecho a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno -actualmente prófugo- y Casimiro Torres, a quienes les impusieron la pena de prisión perpetua.

En tanto Patricia Guerra fue condenada a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno recibió la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Los Castedo participan de las audiencias por vía remota desde su lugar de detención, en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentran alojados a disposición conjunta del Juzgado Federal de Orán y de la justicia provincial.

El crimen de Ledesma fue cometido el 21 de septiembre de 2006, en una pasarela peatonal de la localidad de Salvador Mazza, ubicada en la frontera entre Salta y Bolivia, a unos 408 kilómetros al norte de la capital salteña.

Allí, la mujer recibió siete puñaladas, dos de ellas mortales -en el estómago y en el corazón- y un tajo que comenzó en el labio superior y terminó abriendo el inferior dejando al descubierto dientes y encías.

Días antes de ser asesinada, la víctima había denunciado públicamente a los Castedo y al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio -hermano de la condenada María Gabriela y fallecido en 2013- por cerrar un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia, para utilizarlo para traficar drogas.

En tanto, Delfín Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta que, además, impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel a otros seis imputados.

Este proceso, que se extendió durante más de un año, se realizó íntegramente con ambos imputados de manera remota, desde Ezeiza.

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