Juicio contra la Provincia por no entregar un inmueble se dirime en el fuero Contencioso

El tribunal entendió que en el caso no se aplicaba la renuncia a dicha jurisdicción, impuesta en el contrato por el que se efectuó la transacción

Al interpretar que la causa iniciada por la empresa Impac SA , mediante la cual solicitaba que se multara a la Provincia de Córdoba por no entregar el inmueble pactado , si bien involucra normas de derecho privado, debe resolverse primordialmente aplicando el derecho público; y, siendo que la cuestión de competencia involucra el orden público no disponible por las partes, por lo cual no pueden renunciar a la jurisdicción aplicable, la Cámara 1ª en lo Contencioso-administrativo de la ciudad de Córdoba rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada .

La actora pedía la nulidad de los decretos 1913/18 y 601/19 y que se condenara al Estado al pago de una suma de dinero en concepto de multa por falta de entrega referida, pactada por escritura pública.

La Provincia opuso excepción de incompetencia al progreso de dicha acción, alegando que la situación jurídica invocada no era de carácter administrativo sino de derecho común, debiendo zanjarse aplicando normas del derecho privado.

El Estado destacó que la cuestión traída a estudio giraba en torno a determinar la validez de la cláusula contractual y su ejecución, contenida en la escritura traslativa de dominio. Afirmó que las partes se encontraban vinculadas bajo el alcance de un típico contrato de compraventa y de tenencia, caracterizado por su naturaleza privada, en cuanto regula aquello atinente a una transferencia inmobiliaria y lo relativo a la entrega del bien comprado.

Constancias

La cámara integrada por los vocales Leonardo Massimino, Ángel Antonio Gutiez y Gabriela Cáceres, luego de analizar las constancias de la causa, señaló que, habiendo sido interpuesta en tiempo y forma la excepción de incompetencia articulada, correspondía analizar el fondo de la cuestión.

Al respecto, el fallo sostuvo que, como lo afirmaba en su dictamen la fiscal de cámara, “(…)es la propia demandada la que precisa, en sede administrativa, que la cuestión traída a control judicial se encuentra regida por un ‘régimen de derecho público administrativo’, lo que encuentra, asimismo, sustento en las constancias sintetizadas precedentemente”.

Asimismo, los vocales destacaron que la competencia contencioso-administrativa queda excluida ante cuestiones que deban resolverse aplicando exclusivamente normas de derecho privado (artículo 2º, inciso c, ley 7182) “pero no cuando las normas de derecho privado juegan juntamente con las de derecho público”.

Causal de exclusión

Finalmente, la alzada entendió que tampoco resultaba aplicable, como pretendía la demandada, la causal de exclusión prevista en el artículo 2, inciso d, de aquella norma, con sustento en lo regulado en la cláusula 16ª del contrato, según la cual “las partes contratantes renuncian a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderles y se someten a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba”, por cuanto los actos administrativos impugnados “son susceptibles de lesionar un derecho subjetivo de carácter administrativo preexistente, nacido en cabeza de la firma actora en virtud de la relación contractual que la une con la demandada”.

Así, la cámara derivó que el asunto jurídico litigioso debía residenciarse en el fuero especializado en lo contencioso-administrativo, a pesar de lo previsto en la mencionada cláusula, ya que la competencia en razón de la materia y su especialidad, es de orden público y, como tal, indisponible.

Finalmente, por lo expuesto y compartiendo el dictamen de la fiscal, en el fallo se resolvió que correspondía rechazar la excepción de incompetencia articulada, debiendo imponerse las costas a la Provincia y diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que exista base económica a tal efecto.

Autos: "Impac SA c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción y Vistos: Estos autos "Impac SA c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción" (Expte. Nro. 8573184)