ESCUCHARLos tres jueces de la Cámara Federal de Córdoba que están siendo investigados por el Consejo de la Magistratura de la Nación por “mal desempeño” de sus funciones en la causa “Piccón”, finalmente presentaron sus descargos por escrito, según lo confirmaron los propios magistrados a Comercia y Justicia .
Luis Rueda, Abel Sánchez Torres e Ignacio Vélez Funes habían sido citados a declarar hoy por la Comisión de Disciplina y Acusación del mencionado organismo, que eventualmente podría iniciar el trámite de destitución. Ninguno de ellos quiso adelantar el tenor y contenido de las presentaciones hasta tanto lo valore el organismo que preside Ernesto Sanz.
Los magistrados están acusados de cometer supuesta parcialidad, demoras y de ejercer de forma abusiva "la facultad delegada de superintendencia, constituyendo desvío de poder", en el caso Picón, una causa que trata la indemnización a la familia de un alumno del Liceo Militar General Paz, que en 1990 quedó cuadripléjico.
Los jueces hicieron uso de una prerrogativa que está prevista en esta instancia, que es el comienzo de un procedimiento que puede acabar en el juicio político y la destitución, si se comprobaran las denuncias.
“Hace dos días (por el lunes) mandé un escrito (al Consejo)”, confirmó el camarista Luis Rueda, pero al ser consultado por el contenido de su defensa, respondió: “Después de que lo valoren allá (por la Comisión) recién lo daré a conocer, no antes”.
Por su parte, otro de los citados, el juez Abel Sánchez Torres, también afirmó haber enviado un escrito cuyo tenor y detalles, al igual que Rueda y Vélez Funes, recién comentará una vez que lo analice el área disciplinaria.
La causa
La denuncia contra los tres jueces está vinculada al expediente del cadete Roberto Víctor Piccón, quien quedó cuadripléjico luego de que un oficial del Liceo Militar General Paz lo obligara a realizar los denominados "movimientos vivos" después de cenar.
El hecho data de 1990 y ocurrió cuando Piccón tenía 13 años. Luego la familia reclamó al Estado nacional un resarcimiento para afrontar los gastos de rehabilitación. Cuando en agosto de 2007 el camarista Alejandro Mosquera renunció a su cargo, viajó a Buenos Aires y denunció a sus pares de la Cámara Federal ante el Consejo de la Magistratura por el manejo de la causa del cadete.
