ESCUCHAREl juez jubilado Miguel Caminos, ex presidente de la AMFJN, apuntó contra el presidente y su vice. Marcelo Gallo Tagle, actual titular de la entidad, rechazó las críticas por la falta de política de género. Recordó lo sucedido en 2020 con la vacante de la CNE, que ocupó un varón a instancias del Ejecutivo pese a que una mujer ganó el concurso
Al participar de la presentación del “Diagnóstico sobre la situación de la Independencia Judicial en la Argentina”, elaborado por la Cyrus R. Vance Center for International Justice, de Nueva York, y la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juez jubilado Miguel Caminos y su colega Marcelo Gallo Tagle -ex presidente y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), respectivamente- denunciaron avances sobre la independencia judicial en el país.
Señalaron además que esas maniobras apuntaron a mejorar la situación procesal Cristina Fernández de Kirchner y de sus ex ministros en las causas por corrupción por las que ya fueron condenados o que siguen bajo pesquisa.
El documento que se analizó en el encuentro virtual describe a la Justicia nacional argentina y sus mecanismos de designación de magistrados.
“El actual presidente de la Nación (Alberto Fernández), luego de pronunciarse públicamente por la inocencia de su compañera de fórmula (Cristina Fernández de Krichner), inició en 2020 la destitución de Castelli a través de una maniobra coordinada con un pedido formal de revisión de traslados a través de su representante, que fue aprobado por el mismo Consejo de la Magistratura de la Nación”, dice el informe.
En tanto, consigna que “la criminalización de jueces” como mecanismo de intimidación “es excepcional” y que “es más común” que se los denuncie ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).
En ese sentido, señaló que la recepción de denuncias en la mesa de entradas del organismo es “constante” aunque “en su gran mayoría son desestimadas”.
Jubilación
Para Caminos, ex presidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, el diagnóstico de la Cyrus R. Vance Center for International Justice es insuficiente.
Al respecto, afirmó que la reforma de la ley de jubilación de los jueces y la presión para que paguen ganancias se inscriben en maniobras “para desprestigiar a la Justicia frente a la opinión pública”.
Según Caminos, los ataques a la independencia se deben “a la investigación de los delitos y condenas contra la vicepresidenta y los distintos funcionarios que la acompañaron”.
El ex magistrado consideró que los gobiernos populistas tratan de sostener que la Justicia debe responder a la posiciones mayoritarias de la población y que los fallos deberían ajustarse a esos lineamientos.
Ana María Figueroa
Caminos se refirió a la jueza Ana María Figueroa, quien permanece en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal pese a que el 9 de agosto pasado cumplió 75 años sin un nuevo acuerdo del Senado para seguir.
Estimó que si logra quedarse en el tribunal sus fallos “van a estar alineados” con los intereses de quienes abogaron por ella, con el consiguiente daño a la independencia del Judicial.
Reija
A 24 horas del cumpleaños de Figueroa, la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (Rejia) la criticó por no renunciar y le pidió al CMN que convoque al concurso público para cubrir su lugar.
En un comunicado, manifestó que debió dimitir al cumplir la edad límite, tal como estipula la Carta Magna.
La Rejia repudió la actitud de la funcionaria y expresó su preocupación por lo que definió como una “circunstancia sin precedentes”.
La red explicó los alcances del artículo 99 de la Constitución Nacional (CN) y planteó que es claro; es decir, que sin un nuevo acuerdo de la Cámara Alta luego de la postulación por parte del Ejecutivo los jueces cesan en sus funciones al llegar a los 75.
Dictamen
Por su parte, la agrupación de abogados Bloque Constitucional denunció a Figueroa por incumplimiento de deberes, denegación de Justicia y usurpación de autoridad.
Reseñó que pretende seguir en la Casación porque su pliego tienen dictamen, pero recordó que no logró acuerdo del Senado.
Los denunciantes de Figueroa -José Lucas Magioncalda, Pedro Pusineri, Juan Manuel Otegui y Juan Martín Fazio- plantearon: “Es deber de un magistrado conocer, participar de audiencias, acuerdos, fallar, fundar y, por supuesto, firmar todos los actos jurisdiccionales de la función que tiene a cargo. El ejercicio de la jurisdicción de la que son investidos los magistrados no es facultativo, sino un deber. No cabe la posibilidad legal de ejercer la jurisdicción a medias, y la omisión arbitraria, total o parcial, de su ejercicio configuraría un incumplimiento de deberes de la función pública a la cual los magistrados son llamados”.
Juan Martín Mena
Pese a lo que indican la CN, así como leyes y reglamentos, hace dos semanas el secretario de Justicia Martín Mena le pidió al CMN que se suspendan definiciones sobre la continuidad de la funcionaria.
Cabe destacar que el artículo 99 de la CN, en su artículo 4, señala que un nuevo nombramiento del titular presidente precedido de acuerdo del Senado “será necesario para mantener en el cargo” a los magistrados “una vez que cumplan la edad de 75 años”. Nada dice sobre el trámite parlamentario o su duración.
En tanto, la resolución 521 del Ministerio de Justicia establece que si el Senado no prestara el acuerdo necesario en forma expresa o no lo hiciera a la fecha que el magistrado en cuestión llega al límite etario, la cartera notificará al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General o a la Defensoría General de la Nación -según el caso- a fin de que “se sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante”.
Un año después, en la resolución 511/2018, el CMN dispuso que aquella manda es de “plena aplicación para los jueces en ejercicio de su función”.
Luego del comunicado de la Rejia y horas antes de ser denunciada, Figueroa le cursó una nota a Horacio Rosatti para informarle que estaba a la espera de que el Senado terminara el trámite iniciado para su continuidad.
Agregó que se cumplió con la audiencia pública y que la Comisión de Acuerdos aprobó el dictamen.
Por medio de Mena, el Gobierno cerró posición con la magistrada y le pidió a Rosatti que el consejo pause cualquier decisión sobre su continuidad.
Mena tomó la línea argumental de la camarista y citó que la gestión iniciada en el Ejecutivo para que siga cinco años más tiene trámite parlamentario.
Lo que el organismo encargado de designar y remover jueces debe resolver es si el trámite vale una vez que un juez cumplió 75 sin acuerdo.
Para Figueroa y el oficialismo, hay que esperar que termine el año parlamentario.
Raúl Bejas
Al exponer en el encuentro, Gallo Tagle enumeró como condicionantes de la independencia judicial, entre otros, los intentos de modificar el numero de integrantes de la Corte y el juicio político que afronta.
Asimismo, rechazó las críticas por la falta de una política de género en la Justicia.
En lo que hace a la designación de empleados y funcionarios, citó que 60% son mujeres y recordó que cuando se incluye en la estadística a los jueces elegidos de una terna por el Ejecutivo no se respeta la paridad.
Recordó que en la Cámara Nacional Electoral (CNE), integrada por dos hombres, había una vacante y que aunque una mujer fue la primera en la terna, Fernández optó por un varón.
Se refirió a la designación del juez federal de Tucumán Raúl Bejas, a fines de 2020, pese a que en el concurso se impuso Alejandra Lázzaro (secretaria de la CNE) y a que desde distintos sectores exigieron que se enviara su pliego.
A pesar del énfasis del Gobierno nacional en los temas de género y de que acababa de cursarle un llamado de atención a la Corte por sus supuestas omisiones en el asunto, Lázzaro fue pasada por alto y el jefe de Estado se inclino por Bejas, ex apoderado del Partido Justicialista tucumano (entre 1984 y 1996) y ex abogado del ex gobernador José Alperovich.
La carrera para cubrir la vacante en la CNE empezó a fines de 2016, con más de 50 aspirantes. Solo nueve fueron mujeres y únicamente tres letradas formaron parte del listado de 25 profesionales que rindió el examen.
