ESCUCHAREl presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor Vélez, y el titular de la Asociación de Magistrados, Mario Capdevila, se mostraron conformes con la iniciativa aunque coincidieron en que traerá polémica y puede generar una situación desigual en el Poder Judicial
El debate sobre el pago del impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial volvió a la agenda pública luego de que el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados , y el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, presentaron la semana pasada un proyecto que propone el pago del impuesto para los nuevos magistrados y mantiene la exención para los jueces nombrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016.
El gravamen alcanzaría, de acuerdo con la letra del proyecto, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y a los miembros del Consejo de la Magistratura, salvo en aquellos casos en que hayan asumido el cargo antes del 1 de enero de 2017.
De esta manera, aquellos magistrados que ya prestan funciones “permanecerán con sus remuneraciones” sin modificaciones, mientras que aquellos que sean designados y tomen posesión de cargo con posterioridad a este ejercicio fiscal, “lo harán con la aplicación, desde el primer día en funciones, del impuesto a las Ganancias”.
En los fundamentos de la iniciativa, Tonelli y Massot recordaron que el artículo 110 de la Constitución Nacional estableció que la remuneración de los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación “no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras que permaneciesen en sus funciones”, disminución que se generaría con la aplicación del impuesto.
Consultado por Comercio y Justicia, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (Fam), Víctor Vélez, se mostró conforme con la iniciativa y dijo que se trata de una idea que va en línea con lo que dice la Constitución. “Hay que pagar pero sin que eso implique una reducción en los salarios de los magistrados”, remarcó el camarista.
No obstante, el juez opinó que “seguramente, va a ser un proyecto que generará debate y será polémico porque habrá quienes piensen que provocará una situación de desigualdad, por lo menos aparente entre los funcionarios judiciales”.
En la misma sintonía, se pronunció el presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, Mario Capdevila, quien remarcó que la iniciativa de los diputados del Pro forma parte de las “alternativas que ya se venían barajando”.
“Una solución de estas características tomó la Corte Norteamericana y ahora todos los jueces pagan el impuesto”, recordó. Y agregó: “Si esto se hubiera hecho antes, seguramente ya todos estaríamos tributando Ganancias”.
Por otra parte, al igual que su par Vélez, el juez opinó que “habrá que analizar el proyecto con detenimiento porque surge la cuestión de que “a igual trabajo corresponde igual remuneración”.
La Corte tomó el tema
El debate por el pago del impuesto a las Ganancias de los jueces fue motivo de un encuentro que impulsó la Corte Suprema de Justicia en junio pasado y del que participaron representantes de los jueces, fiscales, defensores oficiales y trabajadores judiciales. En aquella oportunidad, todos coincidieron en rechazar la posibilidad de comenzar a tributar. Tras esa audiencia, los magistrados se comprometieron a conformar una mesa de trabajo que luego no prosperó. En el marco de esta iniciativa, tanto Capdevila como Vélez coincidieron en la necesidad de volver reunirse para debatir el tema.
Cabe recordar que la exención del tributo para los jueces fue analizada en 1996 cuando se modificó la ley 20628 de impuesto a las Ganancias a fin de derogar esas exenciones . En ese contexto, la Corte firmó la acordada 20/96, que declaró la inaplicabilidad de los artículos que habían anulado ese beneficio.
Los diputados expresaron en el proyecto que, “sin hacer un análisis jurídico respecto del instrumento utilizado por la Corte Suprema, ni un juicio de valor respecto de la oportunidad, mérito o conveniencia de aquella decisión, es claro que luego de 20 años de esa decisión, la conveniencia de que los magistrados tributen este impuesto ha adquirido mayor relevancia en el debate público”
