ESCUCHARLa semana pasada, una quincena de oradores expusieron en la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados sobre los proyectos que, con matices, buscan reducir la jornada laboral. El próximo encuentro será el 25 de junio.
A mediados de mayo, el diputado Martin Tetaz (UCR) sumó una propuesta a las más de diez existentes en la Cámara Baja y el asunto se reinstaló.
En 2023, al inicio de la campaña presidencial, el por entonces oficialismo impulsó el tema. Con los resultados de las PASO a la vista, insistió.
La oportunidad, los salarios, el para qué y los costos fueron y son los puntales de las críticas a las iniciativas del kirchnerismo, la izquierda y el socialismo, a las que se sumó la del político radical.
Tetaz sostuvo que “hay otra manera de organizar las horas que le sirve más a la empresa y al trabajador” y aclaró que una de las características de su proyecto es que se plantea “de manera exploratoria” sin “imponer nada” a las empresas o a los trabajadores.
“Abrimos la chance de que en cada convenio colectivo se pueda explorar, durante seis meses, una jornada alternativa”, precisó.
Sumó que su propuesta no tiene nada que ver con la Ley de Bases pero sí reformaría la Ley 11.544.
Tetaz – cuya iniciativa cuenta con el apoyo de otros espacios, como la Coalición Cívica y el PRO- recordó que el año pasado se habló en el Legislativo con sindicatos y empresas sobre los proyectos que “proponían reducir la jornada laboral de prepo”.
En la reunión de la semana pasada en la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Tetaz, hubo distintas lecturas de los proyectos. Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, se pronunció en contra.
Sostuvo que no se debe modificar el régimen de jornada, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial. “No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción”, dijo, y advirtió que van a aumentar los costos laborales en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo.
Sobre las iniciativas que hablan de reducir a seis horas diarias y 36 o 30 semanales “sin que esto implique reducción salarial”, razonó que ello significa aumentar el costo de la hora trabajada para el empleador.
Teletrabajo
En la misma línea, Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), afirmó que actualmente dos de cada tres trabajadores del país tienen una jornada laboral reducida, con lo cual “un punto a favor” es que la ley reflejaría “algo que ya está sucediendo”.
La economista reseñó que solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo registrado y que laboran en promedio 40,2 horas semanales.
En tanto, aseveró que los potenciales beneficiados por un cambio en la legislación van a ser un 15% de los ocupados y que pasar de ocho a seis horas tendría un costo laboral de 33% para las empresas.
Giordano valoró que los cambios que quieren implementarse no tendrían muchos efectos e, incluso, que podrían complicar a las firmas, aunque sí se mostró a favor del teletrabajo porque hay evidencias de que mejora la productividad.
A su turno, Julián Marchisotti, de la Comisión Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, opinó que al tema “no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad”, sino desde uno “social y humano”.
“Hay que buscar medidas para que la calidad de vida vaya en aumento y no en retroceso. Un trabajador fatigado es más propenso a sufrir accidentes de trabajo. Una jornada reducida va a tener un trabajador más predispuesto”, estimó.
Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, también discrepó con Juárez Ferrer y Giordano porque, según su lectura, analizan la jornada “simplemente como un instrumento de política de empleo o de mejora de la productividad”.
Según el letrado, la jornada no es eso, sino “una garantía constitucional y convencional, elevada a la categoría de derecho humano básico”.
En el mismo sentido, Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, dijo “el mercado se debe sujetar a los trabajadores y no al revés” y que es necesario modificar el régimen “porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a la prevista hace 100 años”.
Tecnologías
En 2023, durante la primera reunión de comisión de la Cámara Baja, la Unión Industrial Argentina (UIA) se pronunció en contra del avance de las iniciativas.
Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la entidad, cuestionó su para qué. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo”, afirmó.
“Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿Qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, preguntó. También recordó que en las negociaciones colectivas se fijaron jornadas diferentes de acuerdo a las actividades. “¿El Estado a qué viene?, manifestó.
Sobre la comparación con países que ya motorizaron la merma de horas, argumentó que no tienen “las multas al empleo” que hay en Argentina.
“Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, agregó. “El derecho al trabajo es de la persona”, cerró.
Pymes
En ese marco, el Grupo de los 6 (G6) -la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la UIA- fustigó la creación de normas potencialmente perjudiciales para la generación de empleo formal.
Reclamó no apresurar el tratamiento de iniciativas por “las presiones coyunturales de la política electoral” y resaltó que la brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados es cada vez mayor; especialmente, tras la pandemia.
El G6 advirtió que una merma en la jornada podría redundar en más impuestos y en relación a las leyes de otros países destacó que acortaron la jornada de manera gradual y con estructuras socioeconómicas diferentes.
Pidió que los debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y Gobierno), tal como surge del compromiso que tiene el país con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la iniciativa, aunque puso reparos. Coincidió con la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero citó los costos.
Córdoba
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) también se pronunció. “Es de suma importancia ampliar la discusión para que no se convierta en un parche circunstancial que impacte en toda la vida social del país”, manifestó en un comunicado el año pasado.
“El ámbito propicio para abordaje de las modificaciones necesarias son los convenios colectivos de trabajo”, postuló, y abogó por un proceso de modernización laboral integral que equilibre las necesidades de los trabajadores y la competitividad de las empresas y el país.
Empleadores
Durante el segundo semestre de 2023, el Idesa elaboró un informe sobre condiciones laborales en el que advirtió que seis de cada 10 argentinos trabajan menos de ocho horas diarias.
El Idesa consideró que el debate fue “instalado” por el Gobierno de Alberto Fernández sin tener en cuenta que dos de cada tres trabajadores realiza tareas por menos de 40 horas semanales, lo cual, según reportó, “tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados”.
En tanto, concluyó que era prioritario ordenar el Estado y las instituciones laborales.
Por otro lado, aportó que para achicar a seis horas la productividad de las empresas debería crecer 33% y que, en caso contrario, se trasladará a los precios.
“El problema no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos”, subrayó, y afirmó que el principal desafío pasa por “multiplicar empleadores” e inversiones productivas.
