ESCUCHARPor unanimidad, la Corte Suprema intimó al Máximo Tribunal de San Luis a pronunciarse sobre la procedencia de un planteo mediante el cual la Alianza Avanzar Cambiemos -liderada por el ex gobernador y ex aliado de los hermanos Rodríguez Saá, Claudio Poggi- denunció graves irregularidades en el ámbito de la Justicia Electoral local, durante los comicios primarios.
Según lo manifestado por la parte actora, el juez de la causa le negó el derecho a presentar una lista única de consenso que había sido oficializada para competir en las elecciones provinciales y, a la vez, le impuso candidatos surgidos de una nómina interna, aun cuando la Junta Electoral Partidaria la había rechazado.
Contra esa decisión, la Alianza Avanzar interpuso tres recursos, pero le fueron denegados por distintos argumentos formales y, por ello, no obtuvo una sentencia en la jurisdicción.
El caso llegó a la Corte, que consideró que se configuró “una severa denegación de Justicia” y sostuvo que la demora del Tribunal Superior de San Luis colocó a la recurrente en la imposibilidad de obtener un fallo definitivo que resuelva en tiempo útil su pretensión, dada la exigüidad de los plazos del cronograma electoral. En ese marco, entendió que se justificaba su excepcional intervención.
El Máximo Tribunal recordó que en numerosos precedentes sostuvo que la dilación injustificada no puede redundar en un perjuicio irreparable para los quejosos que, como consecuencia de una conducta ajena y que no pueden modificar, se ven impedidos de obtener un decisorio definitivo.
Retardo de Justicia
En esa línea, precisó que en supuestos de manifiesta excepcionalidad admitió quejas por retardo de Justicia con referencia a asuntos en trámite ante jurisdicciones provinciales, cuando las circunstancias del caso exigían su intervención.
Además, destacó que ante la trascendencia que presenta la cuestión, la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática que establece la Constitución Nacional pesa no sólo sobre los partidos políticos -por su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático-,sino también sobre las autoridades judiciales de las provincias.
De esa manera, intimó con carácter urgente al Superior Tribunal local a que se pronuncie en 24 horas.
