La Procuración General de la Nación, a instancias de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap), ha instruido a los integrantes del Ministerio Público Fiscal a que adopten las medidas necesarias para el efectivo recupero de bienes obtenidos ilícitamente.
Con ello, se busca que los fiscales intervengan para conseguir la inmovilización de activos desde el comienzo de las actuaciones judiciales, con el objeto de que el posterior decomiso –en caso de ser requerido- sea viable. Esto vale para los delitos de corrupción, pero también para el dinero proveniente del narcotráfico, del lavado de dinero, de la trata de personas, de la evasión y demás delitos penal-económicos.
A fin de lograr la profundización de políticas institucionales que favorezcan la investigación y juzgamiento de delitos económicos y el efectivo recupero de activos, la Ocdap requiere, además, que los funcionarios mantengan un registro de cada solicitud efectuada, así como de resultados.