ESCUCHAREl procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió una instrucción a fin de que los fiscales impulsen el dictado de medidas cautelares sobre activos sospechosos de origen ilícito -lo cual permita asegurar su decomiso o lograr eventuales sanciones, como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones- y una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela al objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en casos graves de criminalidad económica.
La Resolución PGN 58/24 instruye a agentes a que “insten proactivamente” medidas cautelares sobre los bienes y establece que, en caso de no individualizarlos, impulsen “las medidas necesarias en relación con esa finalidad sobre las personas investigadas” frente a todos los delitos bajo pesquisa.
Resaltó que las investigaciones patrimoniales y financieras deben promoverse “en los hechos vinculados a la criminalidad económica; principalmente, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento”.
Señaló al respecto que la decisión institucional va en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para perseguir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y remarcó que “la obligación de cargar información en los sistemas informáticos deviene decisiva para la recolección de datos y la medición de las investigaciones financieras”.
Carga
“La correcta y completa carga de datos constituye un pilar fundamental para cualquier estrategia orientada a combatir la delincuencia organizada y el recupero de activos, lo cual permite una visión integral y coordinada de los recursos involucrados en los delitos investigados”, destacó la manda.
A tales fines, Casal le encomendó a la Dirección General de Desempeño Institucional que realice un monitoreo continuo y detallado de la carga de la información en el sistema de gestión.
Compromisos internacionales
“La orientación de estos esfuerzos confluye con el categórico propósito de la Procuración General para identificar y recuperar bienes vinculados o provenientes de actividades delictivas y, en términos generales, afianzar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en múltiples convenios, como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Ley 24.072); la Convención Internacional contra la delincuencia organizada transnacional y protocolos complementarios (Ley 25.632); la Convención Interamericana contra el terrorismo (Ley 26.023) y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Ley 26.097)”, argumentó Casal en su instrucción general.
El jefe de los fiscales de la Nación resaltó que la medida es la continuidad de una política institucional plasmada previamente en las Resoluciones PGN 129/2009 y 134/2009, dictadas en el mismo sentido, y en la creación, en 2014, de la Unidad de Recupero de Activos (URA) y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), luego convertidas, respectivamente, en la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y en la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Sumó que el año pasado, por Resolución PGN 89/23, creó la Secretaría de Investigaciones Financieras y Recuperación de Activos Ilícitos (SIFRAI), con el propósito de coordinar funcionalmente a la DAFI y la DGRADB. En tal sentido, Casal apuntó que esas direcciones y otras dependencias de la Procuración General elaboraron y pusieron a disposición de los integrantes del Ministerio Público Fiscal diversas herramientas de alcance general destinadas al apoyo técnico en la materia, como la Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos, la Guía de Investigación Financiera y la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos, entre otras.
