ESCUCHARLa Inspección General de Justicia (IGJ) registró a una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con capital integrado en parte por criptomonedas (BTC y USDC).
En el primer caso de su tipo en Argentina y en América Latina, uno de los socios destinó 0.00457621 bitcoins (BTC) y 195 USDC (stablecoin) a la conformación del capital inicial. Los fondos se transfirieron desde una billetera virtual personal del socio (Lemon Cash) y la billetera de la empresa (Ripio), registrada como “sociedad en formación”.
Cuando se aportan bienes en especie, como terrenos o inmuebles, es necesario valorarlos mediante un estudio contable y luego transferirlos a la persona jurídica. Con las criptomonedas el procedimiento fue diferente: se abrieron dos billeteras digitales, una personal y otra para la sociedad para concretar la transferencia del capital.
Como la valuación de criptoactivos se publica en tiempo real y no cierra, a diferencia de las acciones, en el proceso se obtuvo una especie de certificado de valuación de las criptomonedas en el momento del aporte.
Para asegurar la transparencia y cumplir con los requisitos legales, participaron un contador y un escribano. El primero certificó el valor de las criptomonedas en el momento de la transferencia, basándose en los datos de la página de Ripio, mientras que el notario verificó la existencia de la cuenta y la transferencia en sí.
Tokenización
El panorama económico y legal está en permanente cambio por los avances tecnológicos que permiten nuevas formas de gestionar. En ese contexto, la tokenización de activos se destaca.
En mayo pasado, el abogado Sebastián Heredia Querro, especialista en blockchain y cofundador de Wootic, una empresa de servicios LegalFinTech, dictó el curso Blockchain, smart contracts y tokenización de activos , organizado por Comercio y Justicia.
La capacitación abordó los aspectos tecnológicos esenciales para comprender la tokenización y exploró casos de uso que ilustran su potencial impacto en diversos sectores.
Hoja de ruta
Cabe recordar que en noviembre de 2023, la Cámara Fintech publicó un Position Paper sobre tokenización de activos, proponiendo una hoja de ruta que incluye modificaciones en varias legislaciones, reflejando la necesidad de adaptarse a un nuevo paradigma digital.
En la previa del inicio del curso, Heredia Querro precisó que aquélla incluye reformas en varios niveles de la normativa, como el Código Civil y Comercial y los regímenes títulos valores y de registros públicos.
La tokenización se presenta como una manera de formalizar la economía, reducir los costos de transacción y combatir el lavado y la evasión, respondiendo a las exigencias normativas globales como las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En ese sentido, el magíster en Derecho Empresario señaló que hay normativa del GAFI que exige tener registro de beneficiarios finales de todas las personas jurídicas y contratos equiparables. “En estos casos que requieren registros que sean públicamente accesibles por reguladores y terceros, el uso de la tokenización se está imponiendo”, aseguró.
Durante el curso se analizaron los próximos pasos de modificación legislativa del derecho de fondo en Argentina, con foco en la próxima reforma de la Ley de Sociedades (LS).
Ley
En marzo pasado, a través de la resolución 47 del Ministerio de Justicia, se planteó una ambiciosa reforma de la LS con el fin, según se fundamentó, de “adecuar el marco jurídico a las demandas y desafíos de la economía contemporánea”.
En el texto oficial que difundió la cartera encabezada por Mariano Cuneo Libarona se consignó que la iniciativa no solo busca modernizar las normativas vigentes, sino también a salvaguardar el derecho de propiedad y la libertad contractual, a los que definió como “pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad”.
Además, argumentó que la modificación es necesaria por diversas razones, que abarcan desde la adaptación a la dinámica económica actual hasta la resolución de problemas de interpretación y aplicación de la legislación vigente.
Además, consignó que se encamina a “fomentar la cooperación entre entidades, estimular la inversión, promover la creación de nuevas empresas y fortalecer la generación de empleo.
Con esos fines, se motorizó la Comisión de Reforma Integral del Régimen Legal Societario dentro del ámbito del Ministerio de Justicia.
La integran 12 profesionales y doctrinarios especializados en la materia que se comprometieron a elaborar dos proyectos antes de fin de año. El primero, enfocado en la Ley 19.550, para que se armonice con las exigencias actuales. El segundo involucra a la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (27.349); particularmente, lo relacionado con la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), para adaptar sus disposiciones a las nuevas realidades empresariales y tecnológicas.
