ESCUCHARSon ex autoridades del Opus Dei. Están acusados de explotar a más de 40 mujeres, la mayoría en situación de vulnerabilidad
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, junto con los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, presentaron un pedido de indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas. El pedido apunta a cuatro exautoridades del Opus Dei, quienes están acusados de reducir a la servidumbre a al menos 44 mujeres entre 1972 y 2015. Además, se los acusa de trata de personas en cuatro de esos casos, bajo la ley N° 26364, por hechos ocurridos después de su promulgación.
Los imputados son cuatro sacerdotes que ocuparon cargos clave en la jerarquía de la organización católica, tres como “Vicarios Regionales” y uno como “Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres”. Según la investigación, estas exautoridades reclutaron a niñas y adolescentes de sectores vulnerables, mayormente provenientes de zonas rurales, para luego someterlas a un régimen de explotación en centros del Opus Dei, tanto en Argentina como en el exterior.
El proceso de captación y explotación
De acuerdo con el expediente, las víctimas eran seleccionadas mediante contactos locales de confianza, como sacerdotes o miembros de la comunidad, quienes les ofrecían a las familias la promesa de una “formación” que mejoraría sus perspectivas laborales. Sin embargo, una vez ingresadas en los centros del Opus Dei, las niñas y adolescentes eran sometidas a un rígido régimen de “formación espiritual, profesional y laboral” que las destinaba a convertirse en “numerarias auxiliares”. Estas mujeres quedaban atadas de por vida a tareas domésticas no remuneradas en los centros de la organización, trabajando para personas adineradas y, principalmente, hombres.
Las mujeres, muchas de ellas aún menores de edad cuando ingresaron, eran obligadas a realizar largas jornadas de trabajo sin recibir una retribución económica adecuada. En algunos casos, incluso cuando se les pagaba, debían devolver el dinero a los responsables de los centros. Además, las víctimas vivían en condiciones de aislamiento extremo: sin acceso a medios de comunicación y bajo constante vigilancia. Cualquier afectación a su salud mental era tratada mediante medicamentos, lo que reforzaba su estado de vulnerabilidad y dependencia.
La investigación determinó que el entorno de estas mujeres estaba controlado en su totalidad. No tenían libertad para establecer vínculos afectivos ni un acceso adecuado a atención médica o psicológica independiente. Este régimen opresivo, según los fiscales, anulaba su autonomía personal y las atrapaba en una estructura deshumanizante que perduró durante décadas.
La rotación de las víctimas
Otro aspecto relevante del caso es la rotación constante de las numerarias auxiliares entre diferentes centros del Opus Dei, tanto dentro como fuera de Argentina. Esta rotación, según las denunciantes, se realizaba sin su consentimiento y las decisiones les eran comunicadas después de haber sido tomadas. La rotación tenía múltiples fines, como cubrir necesidades específicas de los centros, evitar vínculos afectivos y asegurar la buena convivencia. Sin embargo, uno de sus principales efectos era reforzar la dependencia de las víctimas hacia la organización, manteniéndolas aisladas y sin posibilidad de formar una vida fuera del Opus Dei.
Perspectiva de género
Los fiscales Taiano, Mángano y Colombo subrayaron la necesidad de abordar el caso desde una perspectiva de género, dado que todas las víctimas son mujeres, muchas de ellas pobres y, en algunos casos, inmigrantes. Las tareas que realizaban, como limpieza y mantenimiento, estaban estrechamente relacionadas con los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Este hecho, según los fiscales, institucionalizaba y normativizaba una forma de explotación que reproducía estereotipos de género y que el sistema internacional de derechos humanos busca erradicar.
La identidad de las numerarias auxiliares, apuntaron los fiscales, estaba definida por tareas serviles realizadas en beneficio de los hombres del Opus Dei, quienes se beneficiaban tanto espiritual como profesionalmente de su trabajo. “¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad consiente ‘dedicar su vida’ a servir a los demás fieles?”, cuestionaron los fiscales, poniendo en duda la voluntariedad de las víctimas.Además del enfoque de género, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se incorpore una perspectiva de niñez en el tratamiento del caso, dado que muchas de las víctimas fueron captadas cuando aún eran niñas o adolescentes. La explotación infantil y adolescente, en este contexto, fue ejercida bajo la premisa de ofrecer una formación que nunca se cumplió, dejando a muchas de las víctimas sin terminar sus estudios y sin ninguna posibilidad de desarrollo profesional real.
