Incapacidad vital: el Ministerio Público pidió al TSJ unificar criterios

La Fiscalía General consideró que el daño por incapacidad sobreviniente ocasionado a la Persona no debería ser indemnizable independientemente del lucro cesante o pérdida de chance y del daño extrapatrimonial, como rubro autónomo

En el marco de un recurso de casación por sentencias contradictorias presentado en un juicio de daños y perjuicios vinculado con cuestiones de derecho del consumidor,

la Fiscalía General de Córdoba solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la unificación de criterios jurisprudenciales disímiles en torno a la indemnización por incapacidad general .

La discusión gira en torno a determinar si la integridad psicofísica de una persona tiene un valor económico por sí mismo y, en ese caso, si frente a la existencia de secuelas incapacitantes en la víctima de un evento dañoso, ésta debe ser indemnizada bajo el rótulo de “incapacidad vital” como categoría autónoma de daño resarcible , o bien si las lesiones a la integridad psicofísica de la persona no son resarcibles por sí mismas a título de incapacidad vital sino en tanto y en cuanto tengan repercusiones negativas en la esfera patrimonial o espiritual de la víctima.

El Ministerio Público Fiscal expuso su criterio considerando que la correcta interpretación que corresponde efectuar sobre la indemnización por el daño a la integridad psicofísica o “incapacidad vital” de una persona como consecuencia de un evento dañoso es en tanto y en cuanto las secuelas incapacitantes tengan alguna repercusión negativa en la órbita patrimonial o extrapatrimonial del damnificado.

En su dictamen, la Fiscalía General consideró que el daño por incapacidad sobreviniente o vital ocasionado a la persona no debería ser indemnizable independientemente del daño emergente, del lucro cesante y del daño extrapatrimonial o moral, pues no se identifica con las repercusiones negativas en el ámbito espiritual o moral del damnificado.

Para el fiscal Adjunto Ricardo Bustos Fierro la incapacidad vital no es resarcible per se como una categoría de daño autónomo sino en función de los detrimentos económicos o espirituales que la víctima pudiera haber sufrido .

Ahora bien, el dictamen hace referencia a la necesidad de fijar un criterio amplio a la hora de analizar las consecuencias patrimoniales que el infortunio le causó a la víctima, teniendo en cuenta no sólo las consecuencias relativas a la esfera laboral de la persona y aunque no medie una pérdida de ganancias o de posibilidades de obtenerlas e incluso cuando el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada.

“ A la hora de calibrar tales consecuencias económicas se impone cierta flexibilidad, debiendo analizarse éstas más allá de la aptitud productiva de una persona, teniendo en cuenta tanto las potencialidades laborales y vitales”

Siguiendo esta razonamiento , la Fiscalía General mencionó el leading case “Dutto” dictado por el TSJ, en el cual se reconoció la llamada incapacidad vital, con el siguiente alcance: “ La incapacidad es resarcible -a título de daño patrimonial- no sólo en su faz laborativa sino también en su aspecto vita l. Es decir, la incapacidad apreciable patrimonialmente no es sólo la directamente productiva sino que también debe apreciarse -aunque se lo aprecie de manera mediata- el valor material de la vida humana y de su plenitud”.

“Es decir, según la sentencia Dutto, el hecho de que el actor no haya demostrado la pérdida de ganancias en nada obsta el otorgamiento de la indemnización , pues ésta no tiene como fundamento los ingresos que pudieren ser dejados de percibir en forma directa con motivo de las secuelas incapacitantes, sino la afectación de la capacidad. No obstante, como se puede ver, en el fallo no se calcularon dos indemnizaciones -lucro cesante e incapacidad vital como rubro autónomo- sino solamente una en función de las circunstancias del caso concreto -lucro cesante pasado y futuro fundado en una incapacidad vital con consecuencias negativas en la esfera patrimonial del damnificado-”, expresó el dictamen.

En definitiva, el Ministerio Público concluyó que la interpretación que corresponde asignarse en torno a la indemnización de la incapacidad vital es en tanto y en cuanto las secuelas incapacitantes de la víctima de un hecho dañoso repercutan negativamente en su esfera patrimonial o espiritual, y no como una categoría de daño resarcible autónomo.