El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.
El fiscal solicitó como diligencias para prueba a la Jefatura de Gabinete información de antecedentes relativos al decreto 823/21 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno del Frente de Todos, entre otra información relevante.
La denuncia fue presentada por la abogada Silvina Martínez y lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia cayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini.
El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.
“Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene la denuncia.
“Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, abundó.
La denuncia apunta a que el “intermediario” era Pablo Torres García, “un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”.