ESCUCHAREl Tribunal Oral Federal Número 2 de San Martín (Buenos Aires) dictó condenas de 15 y cinco años de prisión para un hombre y una mujer, respectivamente, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en perjuicio de al menos 10 víctimas, varias de la cuales eran menores de edad al momento de los hechos.
El juez Walter Venditti dio por probado que Fernando Escobar, como autor, y Araceli di Pascua, en calidad de partícipe secundaria, captaron a las víctimas valiéndose de ofrecimientos laborales engañosos por Facebook y WhatsApp; presuntamente, para trabajar como empleadas de limpieza o como camareras de eventos.
En ambos casos las conductas juzgadas estuvieron agravadas por haber mediado engaño, violencia, amenazas, abuso de autoridad y de situación de vulnerabilidad; por el número de víctimas (más de tres); por haber logrado consumar la explotación y por la minoría de edad de algunas.
El monto de la pena a Escobar fue unificada en 30 años de prisión porque registra una condena anterior de 22 años impuesta en 2002 por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 3 de La Matanza.
Se acreditó que los encartados concertaban entrevistas que les servían para interiorizarse acerca de las circunstancias personales, familiares e íntimas de las jóvenes, de las cuales tomaban nota y luego usaban, aprovechando distintas situaciones de vulnerabilidad para abusar sexualmente de ellas y someterlas a explotación sexual mediante el acogimiento y posterior ofrecimiento a otros clientes/prostituyentes. Durante la investigación se pudo determinar la identidad de nueve damnificadas, de entre 14 y 22 años de edad al momento de los hechos. También se descubrieron sucesos relativos a otras cinco menores de edad.
Los delitos se perpetraron dentro de la Quinta Mimará, ubicada en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, un predio de la Federación de Trabajadores Jaboneros y Afines de la República Argentina.
La acusación indicó que el lugar fue acondicionado para la explotación de las víctimas, ya que contaba con vestuarios y muchas habitaciones con camas, y que también se consumaron hechos en un departamento que Escobar alquilaba, en Morón; en hoteles de la zona aledaña a la quinta y en domicilios particulares.
Según se reconstruyó durante la pesquisa, Escobar se desempeñaba como encargado y Di Pascua como administradora “de hecho” de la quinta.
