Human Rights Watch (HRW) presentó un informe que detalla los abusos de la dictadura cubana contra manifestantes pacíficos
Luego de las históricas protestas de julio pasado, la ONG documentó violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias de la isla, lo que refleja, según estimó, “un plan deliberado” de las autoridades para “suprimir y reprimir” a los opositores.
El relevamiento indica que la dictadura cubana llevó a cabo de forma sistemática detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas pacíficas de julio de 2021.
“Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta”, se resaltó el en documento.
Cabe recodar que el 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la deficiente respuesta del gobierno ante la pandemia.
Las autoridades arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie.
Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados sin garantías.
Además, al menos un manifestante falleció. Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido imputado por el caso.
A la fecha, cientos de ciudadanos que participaron de las marchas siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.
“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador senior para las Américas de HRW.
Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas; entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados con conocimiento directo de los casos. También consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas y revisó videos y fotos.
Los implicados en los abusos son miembros de los servicios de inteligencia (“seguridad del Estado”); de las fuerzas militares; de la policía nacional y de la brigada especial del Ministerio del Interior, cuyos agentes son conocidos como “boinas negras”.