ESCUCHAREn noviembre de 2023, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Alabama autorizó al Gobierno ejecutar a un recluso utilizando nitrógeno.
El tribunal aprobó la solicitud del fiscal general del estado.
La medida recayó sobre Kenneth Smith, un asesino a sueldo condenado por el crimen por encargo de Elizabeth Sennett, la esposa de un predicador, en 1988, en el condado de Colbert. Su cómplice, John Forrest Parker, fue ejecutado en el 2010.
Según se estableció, el esposo de la víctima estaba endeudado y quería cobrar su seguro de vida. Contrató a los sicarios y les pagó 1.000 dólares a cada uno. Se quitó la vida una semana después de la muerte de su esposa.
Los defensores del nuevo método de ejecución, donde se priva de oxígeno al recluso obligándolo a respirar solo nitrógeno con una mácara, teorizan que es indoloro. Sin embargo, sus detractores lo comparan con la experimentación con seres humanos.
En 2022, el Departamento Correccional de Alabama canceló la ejecución de Smith por inyección letal y el fallo de la Corte de Alabama convirtió al estado sureño en el primero en motorizar la ejecución por hipoxia con nitrógeno. Cabe precisar que Oklahoma y Misisipi también lo contemplan pero ninguno intentó usarlo.
El equipo legal de Smith sostuvo que Alabama buscó convertir a su asistido “en el sujeto de prueba para el primer intento de ejecución mediante un protocolo no probado y publicado recientemente”.
Escasez
Alabama lo autorizó en 2018, en plena escasez de los medicamentos que se usan para aplicar la inyección letal.
En 2010, los centros penitenciarios de los estados que aún aplican la pena de capital se quedaron sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba para dormir al recluso antes de inyectarle las otras dos sustancias que acaban con la vida.
En ese entonces, Hospira, el único laboratorio que lo fabricaba, anunció que tenía problemas para satisfacer la demanda. Citó dificultades logísticas y trabas para adquirir ingredientes, pero el objetivo de la empresa era dejar de ser asociada a la pena de muerte.
En ese contexto, en Italia, donde se fabricaba uno de los componentes que usa Hospira, la presión mediática para que no se vendiera anestesia destinada a vaciar los corredores de la muerte estadounidenses tuvo éxito.
Horror
En abril de 2014, la ejecución en Oklahoma de Clayton Lockette generó horror y a partir de ese momento la aprobación de la pena de muerte cayó en EEUU.
La agonía de Lockette duró 43 minutos. Entre convulsiones, atado a la camilla, llegó a alertar a sus verdugos: “Algo no funciona”, les dijo. Lo ocurrido se atribuyó en un principio a una falla en la administración de los fármacos.
La inyección letal, el método de ejecución más empleado en Estados Unidos, se componía tradicionalmente de pentotal sódico (duerme), bromuro de pancuronio (paraliza) y cloruro de potasio (infarta). Como el primero ya no está disponible, se aplica un sustituto, el midazolam.
A siete años del calvario de Lockette, también en Oklahoma, otro recluso experimentó sufrimiento antes de morir, en noviembre de 2021.
En la previa, el servicio penitenciario estatal afirmó que su protocolo era “humano y eficaz” y que, por ello, las ejecuciones podrían reiniciarse. Sin embargo, los abogados de condenados a muerte plantearon dudas sobre la exposición al dolor.
El procedimiento de Oklahoma establece la aplicación del sedante alternativo al pentotal sódico: el ansiolítico de efecto rápido midazolam. Los activistas y letrados abolicionistas sostienen que falla y que el individuo, en apariencia dormido, se mantiene consciente y sufre.
Colonial
La pena capital en Estados Unidos es más antigua que el propio país: la primera ejecución registrada tuvo lugar en 1608, en la Virginia colonial.
La inyección letal fue el resultado de más de un siglo en la búsqueda de una forma “humana” de acabar con la vuida, que comenzó con la horca y el pelotón de fusilamiento. A estos métodos les siguieron la electrocución (la primera silla eléctrica llegó en 1890) y la cámara de gas (1921).
En 1977, luego de que un forense de Oklahoma consideró que en EEUU los animales eran matados con más humanidad que los seres humanos, se diseñó la inyección letal.
Hay más de 2.500 personas en los corredores de la muerte de los sistemas penitenciarios federales y estatales. En 2023 se llevaron a cabo 24 ejecuciones mediante inyección letal.
Según datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Justicia de EEUU, el tiempo que pasa entre la condena y la ejecución casi se cuadruplicó desde mediados de la década de 1980, con una media de 22 años en 2019.
Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, instó la semana pasada al estado de Alabama a abandonar los planes de ejecutar a Smith a través de un método “incipiente y no probado” que podría constituir tortura según el derecho internacional.
“La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida”, afirmó Shamdasani, reireando el principio de la ONU en la materia.
Smith apeló ante la Corte del país para pedir una suspensión de la ejecución. Alabama defendió su decisión argumentando que la hipoxia con hidrógeno es “quizás” el método de ejecución “más humano que se haya inventado”.
El máximo tribuna denegó la solicitud de Smith el pasado miércoles sin hacer comentarios. Al día siguiente lo ejecutaron en la prisión Holman (Atmore).
Caso Saldaño
A la fecha, el argentino Víctor Saldaño está en el corredor de la muerte, en Texas, con su salud mental severamente debilitada.
En 1990, Saldaño partió desde Córdoba a recorrer varios países. Finalmente se instaló en Dallas, en donde el 25 de noviembre de 1995 se emborrachó con su amigo mexicano Jorge Chávez y juntos asaltaron al comerciante Paul Ray King, a quien asesinaron.
En 1996 Chávez fue condenado a prisión perpetua como partícipe del crimen y Saldaño a la pena capital, como autor.
En 1996, el hombre fue condenado y sus abogados plantearon que la sentencia estuvo viciada por “racismo judicial”.
La Corte Suprema de EEUU ordenó un segundo juicio y en 2005 se falló nuevamente por la pena de muerte mediante inyección letal. Para ese entonces la salud mental del argentino ya estaba devastada por el aislamiento. Por esta razón su defensa legal solicitó, sin éxito, que fuera trasladado a un neuropsiquiátrico.
A mediados de 2021, luego de que, en noviembre de 2019, la máxima instancia norteamericana negara revisar el caso, el abogado de Saldaño planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ordene la liberación de su asistido y que se fije una reparación de U$S 10 millones.
En una audiencia excepcional ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en Washington, recordó que en 2016 se declaró la nulidad de las dos condenas del hombre, por discriminación racial, y planteó que EEUU estaba desconociendo el valor jurídico vinculante de la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos.
Le pidió a la CIDH que elabore un informe al respecto para ser presentado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que EEUU integra.
La CIDH responsabilizó a Estados Unidos por “plurales violaciones de las garantías judiciales de defensa” de Saldaño en los dos juicios que enfrentó.
En el reporte que emitió hace casi ocho años definió al corredor de la muerte como un “sitio técnico de tortura” y ordenó retirar de allí al argentino.
Ante la inacción de Estados Unidos, el organismo generó más informes.
