ESCUCHARHéctor Echegaray se despide de la presidencia del Colegio de Abogados luego de cuatro años a cargo del organismo. Satisfecho por lo realizado y con algunas críticas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, dialogó con Comercio y Justicia
-¿Qué reflexión puede hacer sobre la profesión y el ejercicio de la abogacía?
Lo que rescato hoy sobre el ejercicio profesional es que la campaña de desprestigio que sufrió la profesión en los últimos tiempos por parte de operadores públicos y privados no ha tenido efecto, hoy notamos que hay una ratificación de la confianza de la sociedad en el abogado. En cuanto al ejercicio de la profesión, en Córdoba se está viviendo en la Justicia una etapa de cambios, muchos de los cuales tuvieron su origen en la visibilización que hizo nuestro colegio de los problemas en estos últimos años. Nosotros hemos acompañado las reformas procesales, hemos hecho sugerencias; por supuesto, hubo cosas que no pudimos cambiar porque respondían a una decisión de política legislativa del Gobierno o a una política reglamentaria del Tribunal Superior. Ahora bien, no se puede hacer cambios si no están garantizadas las herramientas o no se brinda el conocimiento acabado y el entrenamiento necesario a los abogados y operadores judiciales para llevarlos adelante. Digo esto porque nosotros acompañamos y seguimos acompañando el proceso de mediación obligatoria pero -como lo advertimos el año pasado- evidentemente era necesario dotar de mayor y mejor infraestructura al sistema; hoy estamos viendo que los plazos de la norma que implementó la mediación no se están cumpliendo conforme a los previsto. Esto significa una dilación que perjudica por igual a ciudadanos y abogados. Hemos notado que desde que se inicia el requerimiento hasta que se llega a la audiencia pasan tres o cuatro meses cuando el sistema estaba pensando para un plazo infinitamente menor. Y tememos que esta situación con el expediente digital.
-¿Por qué?
– Porque los abogados tienen un desconocimiento total del tema, nosotros esperamos no sólo que se nos escuche sino, que además se nos comprenda. Creemos que no se puede comenzar con la implementación del expediente digital antes de que todos los abogados -acompañados por los colegios y en cooperación con el área de informática del Poder Judicial- estén imbuidos en el tema. Estoy hablando no sólo de contar con los conocimientos teóricos sino también de estar preparados tecnológicamente y, eso significa que en un contexto de crisis, salir a comprar todos los elementos que se necesitan para trabajar. Por todo esto, creemos que el Poder Judicial se debe tomar todo lo que queda de 2019 y primeros meses de 2020 para efectuar la capacitación -esto es un trabajo conjunto entre el Colegio de Abogados y el Poder Judicial- y una vez que eso esté verificado comenzar a mediados del año próximo como se había anunciado en un primer momento. No podemos ir emparchando las cosas sobre la marcha porque no salen bien.
– Está a pocas semanas de dejar la presidencia del colegio. ¿Qué balance hace de su gestión?
Creo que hicimos un colegio que escuchó todas las voces de los abogados. Estamos contentos con lo que hicimos en materia de capacitación, con una instituto de estudios jurídicos por el que han pasado en los últimos años 8.000 abogados, nos vamos con 14 talleres de práctica profesional para los jóvenes abogados, con un programa de inserción del abogado- el programa PIA-, que es único. Nos vamos habiendo logrado que se establezcan en el colegio sistemas bajo los cuales los fondos públicos son destinados a pagar honorarios de abogados, como ocurrió con el Código de Convivencia de la Provincia. Nos vamos con cuatro años de balance superavitario, hemos podido con el recupero de deuda realizado haber sostenido las finanzas del colegio, pese a que la mediación nos impactó en la economía y, por supuesto, hay que rescatar el apoyo que hemos tenido de los colegas.
-Se viven tiempos difíciles en el país, ¿qué cree que ocurrirá con las causas que hoy se tramitan en Comodoro Py?
– Creo que estos momentos de crisis y transición los abogados y los colegios de abogados debemos tener una mirada muy reflexiva sobre el servicio de justicia, fundamentalmente sobre los tribunales nacionales radicados en la ciudad autónoma, donde hay causas de gran envergadura. Hay que propiciar, exigir una justicia respetada y respetable, que sea valorada y que haga todos los esfuerzos para que sea valorada. No necesitamos jueces que acompañen sentencias para desprestigiar a uno u otro dirigente pero tampoco podemos soportar que la labor de los jueces sea amenazada o que se diga que va a ser revisada por métodos impropios. Los jueces deben tener independencia cualquiera sea el ciudadano que esté sometido a una investigación y, si actúan mal, evidentemente estarán las instancias recursivas para modificar lo actuado, teniendo a la Corte como última ratio. Y si ha habido un mal desempeño funcional está el Consejo de la Magistratura. Tenemos que darles la tranquilidad a los jueces para que trabajen y exigirles que lo hagan prescindiendo de toda consideración política.
