La Procuvin reportó que desde el año pasado se registra una suba de casos. Lo propio sucede con las mujeres con hijos. Alertó sobre que el dato merece atención
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), cuyo titular es el fiscal Alberto Gentili, informó que a partir del año pasado comenzó a registrarse un aumento en la cantidad de embarazadas y de mujeres con hijos conviviendo en cárceles federales.
El alza en cantidad de casos revirtió la tendencia decreciente que se registraba desde 2018, que se pronunció durante la pandemia.
Los datos procesados en el informe surgieron de la sistematización y análisis de la información producida por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el período 2014-2022.
Los relevamientos se elaboran a partir de los datos de la última semana de diciembre de cada año, para representar el último dato del período, independientemente de sus movimientos previos y considerando que la población alojada varía diariamente.
En el reporte “Mujeres embarazadas, madres y niños/as en cárceles”, la Procuvin aborda el fenómeno del encarcelamiento de embarazadas, madres y niños que viven en contextos de encierro y resalta que el colectivo es parte de poblaciones particularmente vulnerables, “sobre las que existen previsiones específicas que pretenden garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos”. En ese marco, concluyó que la tendencia alcista de 2021 y lo que va de 2022 representa “una señal de atención”; especialmente, por el marco normativo en que se produce.
En sintonía con las recomendaciones de organismos internacionales, la Procuvin destacó que la legislación reciente promueve una ponderación “concreta y precisa de cada caso, de acuerdo -entre otras variables- a las características personales y al contexto de las personas perseguidas penalmente”.
En esa línea, citó el enfoque diferenciado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda en la Opinión Consultiva 29, que pone el foco en medidas especiales que tomen en cuenta las pautas y criterios en materia de atención en salud física y psicológica especializada durante embarazo, parto y posparto, que deben tomar en cuenta las políticas penitenciarias.
Documento
Sobre los últimos cuatro años, entre otras precisiones, el documento consigna que en 2018, de 1.135 mujeres alojadas en cárceles del SPF, ocho estaban embarazadas y 36 vivían con algunos de sus hijos.
En tanto, indica que para 2019, de 1.089 alojadas, cuatro estaban embarazadas y 24 vivían con alguno de sus hijos en la unidad de detención.
Asimismo, reseña que en 2020 la población femenina detenida en las condiciones estudiadas bajó 35%, algo que asocia a las consecuencias de la crisis sanitaria.
Según los datos de 2021, de 712 mujeres detenidas en cárceles del SPF, siete estaban embarazadas y tres vivían con algunos de sus hijos. En lo que va de 2022, los números se movieron, respectivamente, a 764, 12 y seis.
2020
Las mujeres detenidas en las cárceles del SPF pueden enfrentar dificultades para acceder a derechos como salud e higiene, alimentación, educación y vínculos personales.
Un informe emitido en 2020 por la procuración penitenciaria identificó como principales problemáticas las deficientes condiciones materiales de alojamiento; las dificultades en el acceso a la atención médica; la falta de guardias obstétricas y pediátricas continuas y las malas condiciones de los traslados.
Cabe destacar que las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, o Reglas de Bangkok, establecen que cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente pero teniendo presente el interés superior del niño.
