Desde el inicio de la demanda hasta el dictado de la sentencia de Cámara el trámite puede demandar entre cuatro o cinco años. Recurrir en casación ante el Tribunal Superior de Justicia extiende el proceso otros dos o tres años. La litigiosidad sigue creciendo: se estima que en 2015 ingresaron a los juzgados del Trabajo 24.000 causas – Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info
Un promedio de entre cuatro y cinco años es lo que demora la Justicia cordobesa en dictar sentencia en un juicio laboral, sin contar la instancia de casación, según un relevamiento realizado por la Sala Laboral del Colegio de Abogados de Córdoba. Si se toma en consideración la mora en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hay que sumar al proceso otros tres años para obtener un fallo definitivo, lo que puede elevar hasta ocho años el proceso judicial.
La mora no es nueva en el fuero ni sorprende a los operadores judiciales, quienes han naturalizado la situación de los tribunales laborales en Córdoba. A la elevada demanda de causas -que se cuadriplicó en la última década- se suma una serie de falencias que incluyen un Código Procesal vetusto, juzgados cuyos procesos se llevan adelante sin digitalización alguna y falta de recursos.
Como si esto fuera poco, se suman las vacantes en la Cámara Única del Trabajo de la ciudad de Córdoba. De un total de 11 salas, sólo seis están integradas con los tres magistrados que corresponde. A las cinco restantes les falta algún juez. Pese a que el concurso para estos cargos concluyó hace algunos meses, el Ejecutivo aún no designó a los camaristas que integran el órden de mérito.
El relevamiento realizado por el Colegio de Abogados indica que desde que se inicia una demanda laboral hasta que se fija la audiencia de conciliación transcurre un promedio de dos meses. Pasada esta instancia, la recolección y producción de la prueba en los juzgados de Conciliación puede demorar dos años. Una vez que el pleito se eleva a la sala laboral, el promedio de fijación de audiencia de vista de causa es de un año y medio a dos años. Luego de fijada ésta hasta la sentencia pueden transcurrir de tres a seis meses más. Finalmente, si alguna de las partes decide recurrir en casación, la demora ronda entre dos y tres años.
“Estamos hablando de una demora promedio para tramitar un juicio laboral, sin contar casación, que llega hasta cinco años, cuando lo razonable debería ser no m ás de dos años y medio”, reflexionó Alejandro Manzanares, director de la Sala Laboral del colegio de los letrados.
Conciliación, una formalidad
La instancia de conciliación es fundamental y una herramienta que permite acortar el proceso judicial. Pese a todo, en la actualidad la vorágine en los juzgados laborales ha desvirtuado esta instancia, que se ve reducida a una mera formalidad, según destacó ante este medio el presidente del Colegio, Héctor Echegaray.
“A los jueces de Conciliación les resulta imposible tomar un audiencia de conciliación y tampoco hay un espacio donde se sienten las partes para concililar”, explicó el letrado.
La “fotografía” que mostró Echegaray es desalentadora: “En un pasillo, un empleado judicial llama a las partes, les hace firmar y les pregunta si quieren conciliar; luego empieza todo el proceso. Tenemos 10 jueces de Conciliación cumpliendo tareas administrativas en lugar de ocupar un rol de conciliación”.
Tanto Echegaray como Manzanares subrayaron la importancia que ha tenido la Oficina de Conciliación que creó en el fuero del Trabajo el TSJ. No obstante, explicaron que no todas las causas son enviadas a este oficina y, muchas veces, se firman acuerdos que no “benefician a los trabajadores” pero que deciden cerrar el pleito en esta instancia desalentados por los tiempos que demoran en resolverse.
Reformas pendientes
El cambio en el fuero Laboral requiere medidas de fondo que incluyan una profunda reforma del procedimiento laboral, que tiene que apuntar a la oralidad, a la digitalización y despapelización, advierten los expertos .
Hay varios borradores de reforma del Código Procesal Laboral. Uno de ellos fue elaborado por una comisión de expertos durante la anterior gestión como ministro de Justicia, Luis Angulo. Luego hubo iniciativas aisladas de diferentes sectores. Ninguna llegó a la Unicameral.
Tribunal de Casación
Dentro de la reforma procesal, el Colegio de Abogados resaltó como importante la necesidad rediseñar el rol que tiene la Sala Laboral del TSJ.
“ Hoy la Sala Laboral funciona como un tribunal de apelación, habría que crear un tribunal de casación y que al TSJ sólo le lleguen las inconstitucionalidades”, subrayó Echegaray.
El letrado también consideró como fundamental la necesidad de reforzar la figura de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, para que se convierta en una instancia administrativa que evite la posterior concurrencia de las partes a los tribunales.
La “industria del juicio”
En defensa del rol del abogado, Echegaray negó que exista una “industria del juicio”. Dicha afirmación es una mentira, una falacia, advirtió. “Lo que hay son derechos que necesitan un reconocimiento judicial y la mejor demostración de que no hay tal industria es que no hay rechazo masivo de acciones. Son juicios que los tribunales luego reconocen a los trabajadores”, concluyó.
Panorama en Córdoba y la región.
Los países vecinos ya introdujeron cambiosEn 2006 ingresaron 3.370 causas al fuero Laboral de Córdoba. En 2014, la cifra alcanzó 20.570 causas, de las cuales 13.159 llegaron a las salas de la cámara que dictan las sentencias. En 2015, se calcula que el número de expedientes que ingresaron al fuero llegó a 24.000, y unos 14.300 esperan para fallar en cámara.
En la última década se produjeron reformas laborales procesales en Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador, que concentraron y abreviaron el proceso laboral. En Brasil se implementó el Proceso Judicial Electrónico, que hizo desaparecer los expedientes de papel y se dictan sentencias en menos de seis meses.
