La primera jornada laboral en la Justicia de Córdoba posterior al hackeo sufrido el pasado sábado se concretó tal como estaba previsto: la actividad fue presencial, se volvió al papel y se realizaron los actos procesales que pudieron llevarse adelante.
Sin el Sistema de Administración de Causas (SAC) la actividad se vio seriamente resentida, hubo dificultades pero algo se avanzó, coincidieron las fuentes consultadas por Comercio y Justicia.
En el fuero Laboral, los jueces consultados aseguraron que se concretaron varias audiencias de conciliación que estaban fijadas y también algunas en el marco del procedimiento declarativo abreviado. “Muchos de nosotros tenemos impresa la documentación porque resulta más fácil tomar las audiencias y, por lo tanto, teníamos el soporte en papel”, explicó una magistradas. “Incluso se homologó un acuerdo”, destacó otro juez.
En los juzgados de Familia, los magistrados emitieron un comunicado en el que solicitaron a los abogados que acudieran a las audiencias con toda la documentación respaldatoria que tuvieran en su poder: demanda, contestación, documentales, cédulas de notificación, proveídos del tribunal o cualquier otra pudiera ser útil para recepción de la audiencia.
En el fuero Penal, la oficina de prensa del Poder Judicial informó que se tomaron 31 declaraciones de personas privadas de su libertad en forma 100% remota y se continuaron los juicios orales que estaban en agenda.
En el interior la situación fue muy dispar, explicó el presidente de la Federación del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, César Avendaño.
“Sabíamos que íbamos a tener muchos inconvenientes, la vuelta al papel es compleja, interactuar con instituciones como el Banco de Córdoba también es difícil”, aseguró.
Pese a todo, Avendaño precisó que los jueces tomaron audiencias y, al igual que el resto de los consultados, consideró que “algo se pudo hacer”. No obstante, opinó que si esta situación de emergencia se extiende más allá del viernes, la situación “será preocupante”.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) coincidió en que si bien “no hay posibilidad de hacer demasiadas cosas”, se tomaron audiencias e indagatorias y los equipos técnicos realizaron entrevistas. Según Federico Cortelletti, su secretario General, la situación más problemática se concentró en las unidades fiscales. “Hay demoras para tomar las denuncias y hay oficios e instrucciones que sin sistema no pueden enviarse a los organismos correspondientes, los compañeros trabajan a destajo”, explicó.