ESCUCHAREl Congreso de Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.
Lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, mediante la aprobación de una normativa en pleno.
La denominada “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”. Antes, la pena máxima era de tres años.
El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y que causen su muerte, delito considerado un “aborto calificado”.
Con 101 votos a favor, ocho en contra y 51 faltas, el Congreso de Guatemala fijó en 10 años la condena para las mujeres que aborten. Además, amplió penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo.
El diputado Armando Castillo, del partido de derecha Viva, uno de los impulsores de la norma, dijo: “Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser importante para la sociedad guatemalteca”.
Por su parte, la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla, advirtió: “Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”.
La nueva legislación, además, reforma el Código Civil y prohíbe expresamente en Guatemala el matrimonio entre personas del mismo sexo.
También veda que las entidades educativas públicas y privadas promuevan “políticas o programas que tiendan a desviar la identidad según su sexo al nacer” de niños y adolescentes.
DDHH
El diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG, valoró que la reforma civil viola los derechos humanos de importantes sectores de la población.
Bajo esa premisa, dijo que la manda es “absolutamente discriminatoria” y opinó que incita al odio.
Por su parte, Hernández añadió que la enmienda estigmatiza a “las personas diversas” y juzgó que es “a todas luces es inconstitucional”.
La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Alejandro Giammattei declare a Guatemala como “Capital Iberoamericana Provida”.
