lunes 25, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Gobierno comunal deberá garantizar internaciones domiciliarias de niños

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá formular un programa o protocolo que permita implementar el derecho consagrado en la ley 153.

En una causa iniciada por una asesoría tutelar contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo y Tributario de la jurisdicción declaró la procedencia de la demanda interpuesta, en la que se reclamó se garantice el cuidado domiciliario de niños enfermos.

En tribunal entendió que no hacer lugar al reclamo implicaría que el grupo de menores afectados quede sometido durante un lapso indeterminado a las afecciones de salud que padecen, sin la cobertura de internación domiciliaria.

Bien jurídico
Así, confirmó la sentencia que admitió la acción de amparo promovida y le ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que formule un programa o protocolo que permita implementar el derecho de internación domiciliaria consagrado en la ley 153 cuando los profesionales de la salud así lo requieran, aplicable a los niños, niñas y adolescentes que sean atendidos en los hospitales públicos de la capital del país y carezcan de cobertura de salud, a fin de que quienes tengan alta médica puedan egresar de los nosocomios y continuar sus tratamientos en sus viviendas.

“Toda vez que el bien jurídico que pretende protegerse a través de este proceso es fundamentalmente el derecho a la salud de los menores, por intermedio de una presentación del Ministerio Público Tutelar, en representación de un grupo determinado de niños, en defensa del derecho indicado, que considera de incidencia colectiva, cabe considerar que se encontraba legitimado para promover la presente acción”, subrayó la alzada.

Perjuicios diferenciados
Finalmente, el tribunal aclaró que no se trataba de una demanda basada en los perjuicios diferenciados que pudiesen tener los individuos afectados por la situación analizada, sino que se centró en el efecto común que generaría el hecho de no contar con un protocolo de actuación frente a situaciones en las que corresponde disponer una internación domiciliaria.

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