ESCUCHARArgentina sancionó la Ley 26.639 -de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar- en 2010.
La normativa define a los glaciares como bienes de uso público y contempla su preservación como reservas estratégicas de recursos hídricos y de biodiversidad.
En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la denominada “Ley de Glaciares”.
Lo hizo al desestimar las demandas de las empresas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama.
Idéntica solución adoptó respecto a la acción iniciada por Minera Argentina Gold SA, concesionaria del emprendimiento Veladero, en San Juan.
La Corte concluyó que ni Barrick Gold ni Minera Argentina Gold acreditaron que el sistema de preservación de los glaciares dañe su derecho de explotación minera.
En su fallo, citó el derecho a un medio ambiente sano y la necesidad de darle cumplimiento al Acuerdo de París (de 2015, ratificado por la Argentina en 2016).
A su turno, las compañías argumentaron que el Congreso avanzó sobre la jurisdicción de las provincias en lo que se refiere a los recursos naturales.
Sobre el tema, el alto tribunal manifestó que un estado federal implica una “densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente” el Estado Nacional y las provincias para “coordinar eficazmente sus diversos intereses”.
“Ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”, concluyó.
Agua
En otro tramo del su decisorio, la Corte mencionó el derecho al agua y, en ese sentido, destacó la importancia de la norma en cuanto protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedore para la recarga de cuencas hidrográficas.
En su argumentación también se refirió a las consecuencias que la crisis climática ya provocó en los cuerpos de hielo del país y a la advertencia del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) respecto de la retracción de glaciares por el calentamiento global.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos contempla reformas cuestionadas por grupos ambientalistas y ONGs, que denuncian supuestas presiones del lobby minero.
Según organizaciones como Greenpeace, la nueva normativa retira la protección vigente para 44 zonas.
Actividad económica
La “Ley Ómnibus” contempla modificaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglacial con fundamento en que ello revierte “un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”.
El proyecto del Gobierno de Javier Milei no reconoce a los glaciares como “bienes de uso público” y propone la sustitución de los primeros artículos que definen qué es un glaciar por otra noción, más restringida.
La manda reemplaza la definición amplia de la ley original, que reconoce como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, por otra más acotada.
Según la Ley Ómnibus, son glaciares las geoformas que estén encuentran incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares; cuenten con una perennidad continua de al menos dos años; tengan una dimensión igual o superior a una hectárea y posan una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.
Cuando se reanude el tratamiento del articulado del proyecto oficial, uno de los ejes centrales será la reforma a Ley de Glaciares que, si se aprueba, posibilita avanzar con la explotación minera hasta la zona periglaciar, la más próxima a la masa de hielo, una actividad prohibida por la norma vigente.
Hace dos semanas, más de un centenar de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil presentaron una carta en la Cámara de Diputados en rechazo a las modificaciones a las leyes ambientales propuestas en la última versión del proyecto de la Ley “Bases”.
Entre otras cosas, consideraron que el paquete de cambios que promueve el Gobierno no tiene relación con “las necesidades y urgencias que atraviesa la Argentina”.
En el caso de la Ley 26.639, plantearon que al recortar la definición amplia de glaciar y ambiente periglacial hoy vigente restringe la protección. “El proyecto aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias”, sumaron.
