ESCUCHARA fines de agosto pasado, el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini citó a declarar a Sergio Schoklender en una causa por trata de personas que inició en contra del dirigente piquetero Emerenciano Sena, actualmente procesado y detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski junto a su esposa, Marcela Acuña, y a su hijo, César Sena.
El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo compareció como testigo desde los tribunales de Comodoro Py, a través de videoconferencia.
La denuncia que generó las actuaciones la presentó Schoklender en 2010, cuando comandaba el programa “Sueños Compartidos”.
Hace 13 años, sostuvo que Sena, entre otros delitos, sometía a servidumbre a personas que trabajaban en el ex Campo de Tiro del Ejército, ubicado en la ruta 11, que el dirigente tomó en 2007. Luego, se asoció al Plan Sueños Compartidos, dirigido por Schoklender, para empezar a levantar unas 500 viviendas.
Paralizado
El expediente estuvo paralizado durante 13 años, pero se reactivó por nuevos testimonios.
Sabadini, que investiga maniobras de lavado por parte del clan Sena, por el dinero encontrado en la casa familiar en el marco de la pesquisa por el femicidio de Strzyzowski, estimó que la trata podría ser el delito precedente y citó nuevamente a dos mujeres que testificaron en la pesquisa.
Una de ellas, Marcela Leiva, narró cómo llegó a vincularse con los Sena y las condiciones en las que trabajaba. Sostuvo que el trato “era siempre malo”. También dijo que los manipulaban y amenazaban y “los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento”.
La testigo afirmó que las instrucciones incluían llevar a menores de edad a las manifestaciones.
Sabadini también convocó a María Soledad Vega, quien ratificó los malos tratos y relató que Acuña golpeó a una trabajadora porque decía que “provocaba a los compañeros”.
La denuncia original por trata fue desestimada, pero la Cámara Federal la reabrió por impulso de los querellantes.
La causa por lavado comenzó a instruirse a partir de un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena. En el procedimiento, la policía chaqueña halló más de seis millones de pesos escondidos en un mueble metálico para herramientas.
La Fiscalía que investiga el femicidio de Cecilia se declaró incompetente y las actuaciones por presunto lavado pasaron al fuero federal.
La jueza federal Zunilda Niremperger levantó el secreto fiscal y bancario sobre los Sena, sobre la fundación del clan y sobre la “Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada”.
A principios de julio pasado, la AFIP informó que la fundación, denominada “Saúl Andrés Acuña”, funcionaba como constructora y recibía fondos públicos millonarios pese a que figura inscrita en los rubros “venta al por menor de panificados y de frutas, legumbres y hortalizas”.
Antes, la Administración del ex gobernador Jorge Capitanich ratificó ante la Justicia que este año le transfirió más de $141 millones a los Sena.
Por su parte, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que el 2023 le envió $141.395.812,83 a la fundación.
Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia. Ese día, el organismo oficial de Chaco transfirió $3 millones. Una semana después, el 9 de junio, cuando la Policía provincial detuvo a los sospechosos, hubo una última transferencia de $825.000 desde otro organismo oficial.
Con esos datos y otros, recabados por la casi veintena de medidas de prueba solicitadas por Sabadini, el agente activó el caso por trata.
Ahora, imputó al dirigente piquetero, a su mujer y a Osmar “Quintín” Gómez, un ex funcionario de Capitanich y allegado a los Sena, por trata.
Para el fiscal, los tres “habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos” y “haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían”; todo ello, aprovechándose de su “clara situación de vulnerabilidad”, producto de sus necesidades económicas y su “falta de acceso a una vivienda adecuada” y “al empleo regulado y adecuadamente remunerado”.
Además, Sabadini les enrostró haberse valido “del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológicos y desvalorización” para mantenerlos en la situación de subordinación, “ante el riesgo constante de quedar sin trabajo”.
Capitanich
Al declarar, el ex apoderado de Madres apuntó al rol de Capitanich, quien habría mediado a favor del dirigente social.
“Hubo una decisión política de la gobernación de negociar entre comillas con Sena y Acuña para no generar conflicto y cortes de puente y cortes en la ciudad”, afirmó.
Dijo que se reunió con Capitanich y que le explicó los motivos del conflicto.
Según el denunciante, Sena pretendía que los pagos a los obreros se realizaran en efectivo para “manejar el dinero” pese a que la Fundación Madres de Plaza de Mayo impulsaba la bancarización de los empleados.
“Creo que el gobernador tomó una decisión equivocada. En lugar de poner orden y un límite al accionar de esta gente, negoció con ellos para que no le generaran más conflicto en la capital. Y, bueno, esto se deriva en que este tipo de organizaciones cada vez piden más, piden más, piden más, van creciendo, va creciendo su poder político, siguen captando gente en los barrios, desvían gran parte del dinero y los recursos que reciben para su beneficio personal y someten a la gente que tienen, a la cual ellos supuestamente dicen representar, los someten a un régimen de virtual esclavitud”, sumó.
