miércoles 27, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Funcionarios de la dictadura no tienen jubilación de privilegio

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La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (foto), dictaminó rechazar un recurso extraordinario presentado contra una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social que no había hecho lugar al amparo de un ex funcionario de la última dictadura cívico-militar, a quien la Anses le había adecuado sus haberes jubilatorios de acuerdo con lo dispuesto en la ley 26475. El reclamo lo había iniciado José Ángel Paolino, ex secretario de Estado en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación entre noviembre de 1978 y marzo de 1981. En primera instancia tuvo una resolución favorable. Sin embargo, la Cámara hizo lugar a la apelación de la Anses y declaró que la vía del amparo era inadmisible.

Al momento de dictaminar, Gils Carbó señaló que, en reconocimiento del ejercicio del cargo de Secretario de Estado, Paolino había obtenido una jubilación especial en el marco de la ley 21121. Percibió ese haber extraordinario hasta que, en virtud de la sanción de la mencionada ley 26475, la Anses declaró la extinción de ese beneficio.
A continuación, la procuradora General explicó que “el haber concedido al apelante en el marco de la ley 21121 no constituye una prestación jubilatoria ordinaria conferida en virtud de contribuciones equivalentes realizadas por el propio beneficiario durante su vida activa. Por el contrario, es una gratificación extraordinaria otorgada en reconocimiento del ejercicio de un cargo jerárquico en la última dictadura durante dos años y cuatro meses”.

También indicó que “la adquisición originaria de esa gratificación extraordinaria estuvo rodeada de graves y particulares vicios. Esa concesión otorgada por autoridades de facto padece de una ilegitimidad en la causa, a saber, la concesión de un reconocimiento al mérito a quien fue designado por autoridades de facto para desempeñar un cargo jerárquico en la estructura central de ese gobierno”.
Asimismo, Gils Carbó resaltó que “configura un contrasentido otorgarle un reconocimiento al mérito a quien conformó un gobierno que usurpó el poder a las autoridades democráticas y que cometió graves violaciones a los derechos humanos”.

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