La oposición y la corporación judicial rechazaron ayer en duros términos el proyecto del diputado kirchnerista, Alejandro Rossi, hermano del jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Agustín Rossi, de investigar la vida privada de los jueces.
El primero en salir a responder fue el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quien calificó como “fascistas” y una “apología del delito” los dichos del legislador durante un plenario de diputados.
“Esto ya no es una persecución a los jueces… Esto ya va a la vulneración de los derechos humanos, porque se está persiguiendo a la gente por su pertenencia a un sector social", alertó el representante de los magistrados en declaraciones a la prensa. "Hoy sucede con los jueces, mañana sucederá con los periodistas y pasado ya no sé con quién… Estamos en un filo peligroso, en donde se están manifestando conductas autoritarias que provocan una gran preocupación", agregó.
Los dichos del magistrado fueron compartidos por la jefa del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien denunció al Gobierno de alentar la "delación" e ingresar en una "etapa fascista, donde se empieza a perseguir a opositores, jueces y periodistas".
"Es una fase del período fascista donde se empieza a perseguir a opositores, jueces, periodistas, en base a su vida privada", remarcó. E insistió en que el Gobierno ha entrado en una "etapa fascista clarísima, a la cual algunos periodistas se están sumando".
Rossi contra Fayt
Tras los virulentos cruces entre el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por la independencia de la Justicia, Agustín Rossi apuntó contra Carlos Fayt, a quien acusó de "violar" la Constitución nacional porque ya no tiene edad para seguir en ese cargo público.
"Los jueces integrantes de la Corte deben obligatoriamente retirarse a los 75 años y el señor Fayt, utilizando la Justicia, logró una medida cautelar que lo mantiene como juez de la Corte", evidenció Rossi.
Cabe recordar que Fayt fue uno de los seis ministros de la Corte que firmó -sólo Enrique Petracchi no lo hizo- un comunicado mediante el cual reclaman "mesura y equilibrio" a los que “tienen responsabilidades de gobierno”.
A criterio de Rossi, el magistrado “ignoró absolutamente lo que hizo la reforma de 1994” y le exigió “tener un poquito más de pudor y un poquito más de prudencia".
Los cambios de la Asamblea Constituyente de 1994 incluyeron modificaciones al de la Constitución, que refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo. Allí se establece que el Presidente nombra los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado y se sostiene que cuando un juez supera los 75 años debe recibir un nuevo acuerdo de los senadores para seguir en su cargo, renovable por cinco años más. Esa reforma no fue tenida en cuenta en el texto de la ley 24309 que fija la necesidad de realizar cambios a la Carta Magna, y por lo tanto, es considerada inconstitucional.