Formosa: HRW pidió designación del defensor del Pueblo de la Nación

Esa organización difundió los resultados de un relevamiento en la jurisdicción. Valoró que la intervención del secretario de Derechos Humanos no fue exhaustiva ni protegió a las víctimas de hechos de represión

El viernes, Human Rights Watch (HRW) y la Universidad John Hopkins difundieron un comunicado que indicó que el gobierno de Formosa puso en marcha medidas “frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus. [privado]

Además, señaló que se corroboró que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, podrían considerarse detenciones arbitrarias.

Paralelamente, planteó que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, no fue exhaustiva ni priorizó registrar los atropellos que el Estado provincial cometió durante las protestas ciudadanas.

Además, recordó el polémico pronunciamiento del área de Pietragalla Corti, que -si bien condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”- apuntó también a una supuesta “campaña de desprestigio” llevada adelante por “medios hegemónicos”.

Por ello, HRW recomendó que el presidente Alberto Fernández aliente a que se ponga en marcha el mecanismo para la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación; ello así, porque se trata de un órgano independiente del Ejecutivo que podría “documentar y denunciar abusos”.

Cabe destacar que la figura, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, es clave en la vida institucional del país, ya que su función es garantizar que la población, en un sentido colectivo, acceda a la Justicia.

Discurso

En su discurso de apertura de la 139ª Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández apuntó contra la Justicia y propició cambios urgentes alegando, entre otras cosas, que ésta “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.

Por otra parte, le pidió al Congreso que “con el solo propósito de mejorar la calidad institucional” asuma su rol de control cruzado sobre aquélla.

Sin embargo, no le dedicó ningún tramo de su extensa alocución a la necesidad de promover en el Legislativo la designación del defensor del Pueblo de la Nación, un cargo vacío desde hace 12 años.

La figura, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, es clave en la vida institucional del país, ya que su función es garantizar que la población, en un sentido colectivo, acceda a la Justicia.

La ONG Poder Ciudadano -que junto a otras organizaciones de la sociedad civil lleva adelante una causa para que el Congreso nombre al defensor- advirtió la omisión. Su director, Pablo Secchi, declaró que ésta “habla del desinterés de la clase política por proteger los derechos de los ciudadanos” y estimó que “es una deuda muy grande con el sistema democrático”.

Inédita

Poder Ciudadano destacó que se trata de una vacancia inédita en el continente, que afecta a la única institución local de derechos humanos reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al “ombudsman”, una figura inspirada en el derecho escandinavo, le compete la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses de los ciudadanos ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones del Estado.

Tiene legitimidad para promover amparos y puede iniciar de oficio investigaciones dirigidas a esclarecer cualquier tipo de irregularidad cometida por una repartición pública o por las empresas prestadoras de servicios públicos.

El cargo está vacante desde 2009, cuando -después de pasar una década frente a la dependencia- Eduardo Mondino presentó su renuncia.

El cordobés se retiró con mandato cumplido, ya que el artículo 86 de la Constitución Nacional prevé que el defensor del Pueblo dura cinco años, pudiendo ser nuevamente designado una sola vez.

Luego de una etapa durante la cual funcionó con titulares interinos, a partir de 2015 el organismo quedó a cargo del subsecretario General, Juan José Böckel.

No obstante, sin defensor, las funciones de la institución están esencialmente afectadas: no tiene la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Estado y, así, en los hechos, es una entidad administrativa que formula recomendaciones.

“Tarifazo”

En agosto de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, entre los considerandos del fallo que frenó el “tarifazo” del gas para los usuarios residenciales, la Corte Suprema exhortó al Congreso a que designara al ombudsman.

El proceso de nombramiento parecía haberse encaminado, pero en 2017 se estancó por las elecciones legislativas: el arco político se concentró en la campaña y relegó la tarea parlamentaria.

Finalizada esa etapa se esperaban novedades, pero la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, conformada por siete diputados y siete senadores, no avanzó.

Según establece la Carta Magna, la designación del defensor debe ser aprobada por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso y el nombre debe surgir de la Bicameral.

A la intimación de la Corte se sumó ahora el pedido de HRW. De no haber novedades, la situación podría llegar a ser corregida por una manda judicial, tal como sucedió con la figura del Defensor del Niño. [/privado]