ESCUCHAREl Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazaron la decisión del juez federal Luis Rodríguez de procesar, por supuesta tentativa de extorsión, al periodista Daniel Santoro, en el marco de la causa que se generó por la denuncia del despachante de aduana Daniel Traficante, incriminado por contrabando en la causa denominada “mafia de los contenedores”.
Fopea destacó que a horas de que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA publicó su informe anual y elogió la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que revocó el procesamiento de Santoro, ordenado por el juez federal de Dolores (Buenos Aires), Alejo Ramos Padilla -en el expediente que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio-, Rodríguez lo vinculó otra vez con el caso.
“Fopea condena un nuevo abuso contra un periodista, basado en la misma errónea y falaz interpretación que utilizó Ramos Padilla. Ambos le adjudicaron al periodista la misma intención de extorsión que tenía su fuente”, enfatizó.
Además, informó que ya presentó denuncias ante foros internacionales y adelantó que analiza accionar en el plano local.
Por su parte, Adepa manifestó su preocupación por la decisión de Rodríguez. “Consideró que Santoro fue ‘partícipe necesario’ de la maniobra, pese a que no hay pruebas de que haya actuado con dolo o haya recibido un beneficio económico”, resaltó.
Adepa indicó que el fallo pretende utilizar una conducta incuestionable, como llamar a una persona a la que se va a mencionar en un artículo periodístico, para pedirle su versión de los hechos, con el fin de atribuirle “una intención reñida con la profesión”.
El grupo reiteró que no deben confundirse las conductas o los antecedentes de eventuales fuentes con el trabajo que hacen los profesionales de prensa para llevar datos de interés público a conocimiento de la audiencia.
Maniobras
Cabe recordar que en agosto de 2019, cinco días antes de las PASO, Ramos Padilla concluyó que Santoro estaba al tanto de las maniobras que presuntamente llevó adelante el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Fopea, Adepa y la Academia Nacional de Periodismo advirtieron de la gravedad institucional de la medida y valoraron que criminalizó la labor periodística y que violentó su principio básico: el libre acceso a fuentes y la preservación de su identidad.
Santoro también habló y destacó que era la primera vez en la historia judicial argentina en que se procesaba a un periodista por lo que hicieron sus fuentes.
Poco después, Ramos Padilla dio un paso inédito al pedirle a la Comisión Provincial por la Memoria (bonaerense) que determinara si con sus notas Santoro puso en marcha una “operación de acción psicológica”.
También solicitó que el titular del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, actuara como perito. Es decir, le encomendó funciones judiciales a una persona que no integra la Justicia y que ya había tomado partido en contra de Santoro.
La comisión ratificó la totalidad de las hipótesis del magistrado, incluida la que sostiene que en el esquema operativo bajo pesquisa estuvieron involucrados periodistas.
Cuando el juez ungió a Pérez Esquivel como perito, en un comunicado conjunto, Fopea, Adepa y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicaron que la orden constituyó “una clara amenaza a la tarea informativa”, que implicó “el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal” y que buscó amedrentar y fomentar la autocensura, además de chocar contra la jurisprudencia que le reserva sólo a los magistrados el análisis de eventuales daños causados por la prensa.
El procesamiento de Santoro fue ampliado en octubre de 2020, pero en diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dictó la falta de mérito porque entendió que los hechos que Ramos Padilla le atribuyó sólo podrían encuadrarse en un “neutral ejercicio” de la actividad profesional del encausado.
Asimismo, citó jurisprudencia interamericana que reza que “la libertad de expresión es ‘una piedra angular’ de la sociedad democrática”, y agregó: “Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada”.
