Los fiscales federales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron la elevación a juicio para 20 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 252 víctimas en “Pozo de Banfield”, uno de los mayores centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura cívico-militar.
El requerimiento de Molina, fiscal general de La Plata, y Nogueira, fiscal ad hoc, comprende a 15 exjefes e integrantes de Inteligencia del Ejército, dos exfuncionarios civiles de la dictadura y tres expolicías, precisó hoy el sitio fiscales.gob.ar al informar sobre el pedido de elevación a juicio.
Los exfuncionarios civiles incluidos en el requerimiento que la fiscalía presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak son el exministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, Jaime Smart, y su secretario Juan María Torino, ambos acusados por el papel que les correspondía de contralor sobre la policía bonaerense.
“El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura”, indicaron los miembros de la unidad fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata.
Es la primera vez que esa unidad acusa por delitos sexuales en el requerimiento de elevación a juicio, aunque en otras causas pidió ampliar la imputación por esos hechos ya en la instancia de los debates orales y públicos.
En este aspecto de la acusación, reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de otros testigos de diversos hechos para señalar finalmente que “la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos en el CCD”.
Entre los represores imputados en la causa se cuentan el exdirector General de Investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y el exsegundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad -en cuya sede funcionaba el CCD-, Enrique Augusto Barre.
Entre los militares que llegarán a juicio se destaca el exintegrante del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, Ricardo Luis Von Kyaw, quien permaneció prófugo hasta que fue deportado de Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa.
