ESCUCHAREn un seminario organizado por autoridades de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los ministerios públicos de ambas jurisdicciones y el FBI de Estados Unidos, con el auspicio de la Asociación Argentina de Fiscales y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina, se abordaron buenas prácticas para incrementar la seguridad personal de los agentes.
En la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, en la CABA, se destacaron los riesgos que afrontan quienes llevan adelante investigaciones contra organizaciones criminales; en especial, a partir de los recientes atentados y amenazas contra funcionarios del país y de la región.
También se discutieron medidas para incrementar y prevenir situaciones de peligro o exposición y atender a eventuales emergencias.
Los expositores destacaron la relevancia institucional del tema para garantizar el normal desempeño de los agentes.
Crimen
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, baleado el 10 de mayo pasado durante su luna de miel, en el Caribe colombiano, generó advertencias por la seguridad de los funcionarios.
A horas del hecho y por medio de un comunicado en el que lamentó lo sucedido, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) les exigió a las autoridades gubernamentales una mayor protección para los agentes que trabajan en pesquisas que involucran el accionar del crimen organizado.
El fiscal antimafia Pecci era estimado en Paraguay y en el extranjero. Se especializó en casos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La IAP es la única organización mundial de fiscales, autoridades y asociaciones. Abarca seis continentes y más de 175 jurisdicciones y representa a más de 200 mil agentes.
Apolítica y no gubernamental, goza de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y defiende los derechos de los fiscales, lo que incluye su seguridad personal y la de sus familias.
Las normas para la protección y la seguridad de los procuradores de la IAP establecen que “los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los fiscales y sus familias reciban por parte de las autoridades la protección de su integridad física cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones”. Además, instan a los Estados a proporcionarles toda la protección necesaria “en su domicilio o en sus viajes”, algo que aplicaba a Pecci.
Su asesinato puso el foco en la seguridad de los fiscales y sus familias y la IAP hizo un llamado para que se revise la efectividad de las disposiciones actuales, se analice cómo pueden reforzarse y se haga “todo lo posible para garantizar los más altos niveles de protección”.
“Para que los fiscales puedan cumplir con éxito su mandato defendiendo el Estado de derecho, llevando a los delincuentes ante la justicia y contribuyendo a que las comunidades sean seguras, ellos mismos deben ser adecuadamente protegidos en todo momento”, resaltó el grupo.
Pecci era un actor relevante del sistema judicial paraguayo y tenía a su cargo casos resonantes de narcotráfico y lavado de dinero.
Una de sus pesquisas más importantes involucraba al Primeiro Comando da Capital (PCC), de Brasil, uno de los grupos mafiosos más poderosos de Sudamérica.
