Firma de la secretaria del tribunal habilita a extender mandato del letrado

Validan poder apud-acta que prolongaba el contrato entre el litigante y su abogado patrocinante. El documento había sido observado por no contar con la rúbrica a cargo del juzgado donde se ventilaba la causa. [privado] “El poder apud-acta que no ha sido suscrito por el juzgador, pero cuenta con la rúbrica estampada de la Secretaria autorizante, como (así también) de la media firma del empleado que lo ha controlado, satisface la finalidad que estaba llamado a cumplir, cual es: la de poner en conocimiento de todos los sujetos del proceso la existencia y extensión del contrato de mandato que el litigante ha celebrado con su abogado”, concluyó el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2ª Nominación de Río Tercero al rechazar el recurso de reposición deducido por la parte demandada que objetó el decreto que provee la prueba, no obstante que dicho poder no había sido rubricado el juez. El juez Alejandro Germán Macagno expuso que, “conforme nuestro ordenamiento sustancial y procesal vigente el poder apud-acta debe ser otorgado ante el juez y secretario que está conociendo o va a conocer en el proceso con la finalidad de conferir seguridad sobre la autenticidad de la firma de quien lo otorga para brindar garantía a los derechos de quien figura como poderdante”, por lo que “otorga certeza de la autoría al instrumento son las situaciones concomitantes, las que deberán ser valoradas en cada caso”. El magistrado recordó que “el Tribunal de Casación local, ha sostenido que si bien la falta de cumplimiento de los recaudos previstos en la norma del art. 90 CPC, apareja que el acto de apoderamiento no podría –por regla- ser reputado tal, porque el instrumento no cumpliría con las exigencias rigurosamente impuestas para su misma entidad y trascendencia jurídica”, siendo que “la realidad procesal, el cúmulo de tareas impuestas tanto a los Tribunales como a los litigantes, ha venido por imperativa necesidad morigerando ciertos dogmas del sistema legal adjetivo en orden al aseguramiento y continuidad de los actos procesales, mientras no aparezca afectada la garantía de defensa en pleito y el principio de bilateralidad del proceso”. Así, partiendo de las premisas expuestas, el tribunal encontró que el documento cuestionado, pese a no contar con la firma del propio Macagno, sí había sido rubricado por su secretaria e inicializado por un empleado del juzgado, “extremos que alcanzan para asegurar lo que la ley en definitiva ha querido proteger, esto es: la misma certeza de quienes participan en el acto en cuestión, manteniendo incólume los proveídos impugnados”. Autos: Lingua c/Alberto Oreste y otros

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