La Oficina de Sumarios recibió este lunes la denuncia Se trata del concurso para auxiliar colaborador de la defensa pública penal. Se sospecha que cuatro de los concursantes resultaron beneficiados y la denuncia recae sobre un defensor público
La oficina de sumarios del Poder Judicial de Córdoba ya comenzó a tomar declaraciones testimoniales en el marco de la denuncia por presunta filtración de preguntas en el examen de un concurso de auxiliares colaboradores en la defensa pública penal.
La denuncia fue realizada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), y apunta a la posible connivencia entre un funcionario judicial y algunos concursantes para obtener una ventaja indebida.
Este concurso forma parte del sistema de evaluación y promoción dentro del Poder Judicial, un mecanismo que ha sido históricamente considerado como un pilar de transparencia y mérito. Sin embargo, la sospecha de que las preguntas del examen se habrían filtrado con anticipación encendió las alarmas y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó de inmediato la apertura de un sumario administrativo.
En diálogo con Comercio y Justicia, la secretaria general adjunta del gremio, Agostina Noccioli, defendió la importancia de mantener la integridad del sistema de concursos, destacando que “nos interesa defender el sistema de concursos en el Poder Judicial de Córdoba”. También subrayó la necesidad de aplicar “medidas ejemplares con el magistrado denunciado en caso de que se comprueben los hechos denunciados”.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y recae sobre el defensor penal Eduardo Caeiro que integraba el tribunal evaluador. El TSJ ha asegurado que “irá a fondo” para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. De comprobarse que hubo mal desempeño, negligencia grave, o incluso la comisión de un delito, el funcionario denunciado podría enfrentar un juicio de destitución, y los concursantes implicados podrían recibir sanciones severas.
Según los datos preliminares, al menos cuatro concursantes obtuvieron puntajes notablemente altos en el examen, generando sospechas entre los demás postulantes. Al menos dos personas habrían obtenido los 35 puntos previstos como puntaje máximo y una tercera obtuvo 34 puntos. Ninguno de los otros postulantes alcanzó ese puntaje perfecto o casi perfecto.
Según detalló Noccioli, el gremio inició la investigación tras varios rumores y luego de que trascendiera que una de las personas beneficiadas admitiera a su círculo cercano haber accedido a las preguntas del examen.
Algunas de las personas que habrían sido beneficiadas en el concurso son empleadas en la asesoría del funcionario sospechado, otra sería adscripta en su cátedra y la cuarta tendría un vínculo de parentesco.
“El examen tenía errores técnicos importantes, preguntas mal formuladas y se incluyeron temas que no estaban en el temario, esos fueron los primeros reclamos que tuvimos, luego cuando se conocieron las notas comenzaron a surgir estas sospechas”.
Y agregó: “Incluso se conoció que estas personas tuvieron una clase de consulta con el asesor sospechado antes del examen, algo que está estrictamente prohibido porque era parte del tribunal evaluador”.
Tras el escándalo, el Poder Judicial evalúa suspender el concurso cuyo orden de mérito aún no estaba firme.