ESCUCHARLa ONG Será Justicia le pidió a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que ordene, como medida cautelar, que la ex presidenta Cristina Kirchner Fernández de Kirchner no pueda ejercer cargos públicos, por la ratificación de la condena en la causa “Vialidad”. También reclamó que se inicie el decomiso de bienes dispuesto.
Será Justicia no forma parte del expediente y solicitó ser considerada “amigo del tribunal”.
El fallo que ratificó la condena de la ex primera mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua no está firme porque puede ser apelado a la Corte Suprema. Las partes tienen plazo hasta el 20 de febrero de 2025 para hacerlo.
Será Justicia recordó que la Constitución Nacional (CN), en su artículo 36, establece que “atentará” contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
El grupo postuló que la cláusula constitucional es “la decisión del pueblo argentino a través de sus representantes, elegidos libremente para integrar la Convención Constituyente de 1994, de impedir el ejercicio de cargos públicos cuando mediaren actos de corrupción graves”.
Sumó que esa prerrogativa consolida una idea que, según indicó, se arraigó “fuertemente” en la sociedad, sobre el “enorme daño que provoca la corrupción estatal al país, su cultura, su economía y a la calidad de nuestra democracia”.
Doble conforme
La entidad citó que ya hay un doble conforme de condena en el caso y planteó dos escenarios para dictar la medida. “Existen razones suficientes que la justifican. Una de ellas, dentro de las más salientes, es que la eventual intervención extraordinaria de la Corte resulta ajena a cuestiones de hecho y prueba, de modo tal que los actos de corrupción verificados no deberían ser modificados”, expuso.
Sumó otra razón es que “se pretenden asegurar y garantizar los fines del proceso en sus últimas instancias, evitando maniobras que le faciliten su impunidad o posibles injerencias desde el poder en la actividad de la Justicia”.
También señaló que la penada podría ser candidata en las elecciones del año que viene y obtener fueros parlamentarios que impedirían el futuro cumplimiento de la condena.
“Sumado a ello, su condición de presidenta del Partido Justicialista, cuyo bloque de senadores ostenta la mayoría del recinto, podría hacer recaer bajo sus designios -conforme dominio político que ejerce sobre sus miembros- la selección de uno o más integrantes del Máximo Tribunal de Justicia del país que, paradójicamente, deberán resolver su situación procesal”, agregó.
Detención
Otro punto que planteó Será Justicia ante la Cámara de Casación es que analice si la ex presidenta no debería ser detenida ante un posible riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Citó como precedentes los casos del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y del ex vicepresidente Amado Boudou, a la fecha detenidos con una condena confirmada pero no firme en un caso de corrupción.
En el caso de Boudou, indicó que fue detenido con fundamento en la posible frustración del cumplimiento de la condena por el “poder residual” que tiene, como Ministro de Economía cuando maquinó y ejecutó la maniobra y luego vice de Fernández de Kirchner.
Fraude
En tanto, la Fundación Apolo denunció a la mujer por cobrar un plus en su jubilación de privilegio por “zona austral” residiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Reclamó que se investigue si cometió el delito de fraude en perjuicio de la administración pública al cobrar el ítem y pidió que restituya los fondos e indemnice por el daño económico causado al patrimonio público.
La presentación -que quedó en el juzgado Federal 6 de Comodoro Py, subrogado por Daniel Rafecas– consignó que se fundamenta en que la dirigente declaró como domicilio Río Gallegos y que, pese a vivir en la capital, embolsó beneficios de manera irregular.
“Según lo informado, Fernández de Kirchner habría recibido un suplemento correspondiente a la ‘zona austral’, destinado a quienes habitan en regiones patagónicas, como parte de su asignación vitalicia. Este beneficio habría significado un incremento en sus ingresos de más de 6 millones de pesos al momento de su suspensión, afectando de manera directa a las arcas públicas. Además, funcionarios de la ANSES que habrían permitido el otorgamiento de dicho suplemento también son señalados por su posible responsabilidad en la administración de estos recursos públicos y acusados de malversación de caudales públicos”, sostuvo la entidad en un comunicado.
En ese marco, también pidió que se investigue a funcionarios de la seguridad social.
