ESCUCHARFacundo Jones Huala, quien se atribuye el liderazgo de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), inició una nueva huelga de hambre en protesta por la orden de extradición a Chile, ordenada por la Corte Suprema.
El Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, la organización que integra Huala, afirmó que la medida es “por tiempo indefinido” y en reclamo de los “derechos políticos y territoriales” que, según aduce, le corresponden “como pueblo nación”.
En esa línea, pide su libertad inmediata porque, entiende, Huala, que estuvo prófugo de la Justicia, “se ajustó derecho” y está a ocho meses de cumplir la pena que le impuso el Judicial del país vecino.
Además, volvió a calificarlo como un “preso político”.
En enero pasado, la Policía de Río Negro detuvo Jones Huala en una vivienda de la localidad de El Bolsón. Estaba prófugo de la Justicia de Chile desde febrero de 2022. Una vez capturado, fue trasladado a Bariloche.
Según trascendió, varias personas lo habían identificado meses atrás y anoticiado a las autoridades, hasta que finalmente se activaron las tareas de investigación y se dio con su paradero.
Cuando fue apresado, el condenado estaba ebrio, en buena condición física y solo, escondido.
Sobre Jones Huala pesa una condena a nueve años de prisión dictada en 2018, por quemar una vivienda y amenazar a una familia con armas de fuego, aunque la pena se redujo a seis años debido a que se computó el tiempo que pasó detenido en Argentina, en la cárcel federal de Esquel, antes de su extradición.
El Poder Judicial chileno declaró prófugo a Jones Huala a principios de 2022, por no haberse presentado ante los tribunales luego de que la máxima instancia de ese país revocó la libertad condicional con la que había sido beneficiado.
El encartado accedió a aquel beneficio porque el Tribunal de Apelaciones de Temuco tomó en cuenta su buena conducta. El gobierno chileno apeló con éxito el decisorio: la Corte Suprema chilena revocó la sentencia y ordenó que volviera a la cárcel, algo que no sucedió porque se dio a la fuga.
A fines de septiembre de 2022, luego de un nuevo ataque incendiario en el sur del país, en contra de un puesto de Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, presuntamente cometido por grupos mapuches, el diputado nacional Gerardo Milman (PRO) le atribuyó responsabilidad directa al Gobierno nacional y a Jones Huala.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador aseguró que el último suceso se debió a “la pasividad y el abandono del Gobierno” y afirmó que era “muy probable” que el recrudecimiento de la violencia en la Patagonia Norte fuera consecuencia de la presencia de Jones Huala en la región.
Una vez que el penado quedó bajo custodia, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, afirmó que el gobierno nacional tenía que tomar cartas en el asunto y alertó sobre la peligrosidad del dirigente.
En declaraciones radiales, Frutos -uno de los denunciantes sobre los violentos ataques de la RAM- elogió el accionar de la policía rionegrina y estimó que Jone Huala “es el líder” de los encapuchados sindicados como autores de los últimos atentados que están prófugos tras escapar hacia la montaña, en Villa Mascardi.
Además, criticó al ministro de Seguridad de la Nación. “Aníbal Fernández nos menospreciaba a los vecinos cada vez que denunciamos el lugar exacto donde estaba; yo denuncié el lugar exacto donde estaba mirando la final del Mundial (de Fútbol)”, afirmó.
Frutos celebró la detención del encausado y la activación del protocolo para su extradición a Chile.
El proceso que derivó en la concesión de la condicional a Jones Huala generó polémica.
En octubre de 2021, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores detallara los pormenores de la participación del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en la audiencia de libertad condicional. “Resulta absolutamente inconcebible que un embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática. Es por ello que exigimos saber qué instrucciones ha recibido por parte del canciller, pues cuesta creer que Bielsa se haya presentado por voluntad propia”, planteó el fueguino.
El legislador recordó que la Cancillería, en sus reglamentaciones internas, establece que los diplomáticos no pueden ser parte de procesos judiciales en otros países e interceder para obtener exenciones de prisión ni proporcionar asesoramiento legal.
En esa línea, argumentó que la presencia de Bielsa en la audiencia era una vulneración de las disposiciones de la propia Cancillería y “una intervención directa en asuntos que no le competen, lo que constituye una falta gravísima que ameritaría su remoción”.
“El kirchnerismo siempre defendió a Jones Huala, quien es un delincuente peligroso que, como en este caso, parecería aceptar ser argentino por conveniencia”, sentenció Blanco, quien definió al encausado como “uno de los principales promotores de las tomas de tierras en la Patagonia Andina mediante actos violentos, intrusiones y atentados contra propiedades y personas”.
“El Gobierno nacional, fuera del signo que fuere, jamás puede defender a delincuentes probados que reniegan de nuestra bandera y la ley”, finalizó.
