ESCUCHARSon 13 los policías acusados; dos de ellos pueden enfrentar condenas a prisión perpetua. El joven fue acribillado en un control policial
El juicio por el asesinato del joven Valentino Blas Correas terminará este viernes, cuando está previsto que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Cordoba dé a conocer el veredicto.
Son 13 los efectivos involucrados en este caso de «gatillo fácil» que conmocionó a la sociedad cordobesa. Los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez son los más complicados de la causa: están acusados de ser coautores de homicidio calificado por abuso de su función como miembros de las fuerzas policiales y agravado por el empleo de armas de fuego. Para ambos, la fiscalía pidió prisión perpetua.
El resto de los agentes está imputado por encubrimiento agravado por sus funciones y por omisión de deberes de funcionario público. Si la Justicia los considera culpables, podrán recibir entre 5 y 6 años de prisión.
Durante los alegatos, los abogados de Gómez y Alarcón descartaron que haya existido abuso policial y, en cambio, plantearon que incurrieron en un «exceso en el legítimo uso del cargo o deber”. En caso de que el tribunal no haga lugar a esa figura, reclamaron que al menos cambie la calificación por “homicidio simple con dolo eventual”.
La fiscalía, en cambio, pidió la pena de prisión perpetua para estos dos acusados, de seis años para los imputados de encubrimiento y que se investigue a otras autoridades, como al entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, al comisario Gonzalo Cumplido y a Lucas Mezzano, entonces subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica durante la gestión de Mosquera.
“Hubo una conjunción de voluntades y responsabilidades institucionales que llegaron a los más altos jefes de la fuerza”, subrayó en su alegato el fiscal Marcelo Hidalgo, quien reclamó cinco años de cárcel para la agente que “plantó” un arma a los jóvenes baleados.
Sobre esta acusada, la madre de Blas, Soledad Laciar, pidió una reducción de pena al considerar que, al arrepentirse y confesar, permitió destrabar la investigación.
Laciar sostuvo que los policías acusados son “víctimas de un sistema perverso que les enseñó a matar y mentir”; y agregó: “Venimos a pedir que estas cosas tan dolorosas no sucedan nunca más”, subrayó.
El abogado Alejandro Pérez Moreno, representante de la familia de Correas, apuntó en su alegato a la actual jefa de la Policía de la Provincia, Liliana Zárate Belletti, quien entonces era la encargada del Área de Recursos Humanos de la fuerza. Pidió que se la investigue “o que nos diga a quién se tiene que investigar”, porque Gómez y Alarcón estaban en funciones en la calle a pesar de que el primero tenía antecedentes penales por encubrir a un violador serial y Alarcón acababa de desaprobar el examen de tiro para ascender de grado.
La causa
El 6 de agosto de 2020, cerca de las 23.20 –cuando, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de covid-19 comenzaron a permitirse reuniones-, Blas Correas volvía de comer una pizza con sus amigos. Iba en el asiento trasero de un Fiat Argo blanco.
Una moto se les acercó, temieron que fuera un intento de robo y aceleraron; giraron en infracción en una esquina y no frenaron ante el control policial montado por dos patrulleros y varios agentes, en la avenida Vélez Sarsfield a la altura del barrio del mismo nombre.
El auto recibió cuatro balazos: el que mató a Blas ingresó por la luneta trasera e impactó en su espalda. Otro se incrustó en el apoyacabezas del asiento delantero. En un primer momento, los policías dijeron que los chicos iban armados y mostraron un arma que supuestamente habían encontrado en la zona. La ruptura del pacto de silencio que mantenían dejó en claro que la habían “plantado”.
Tres meses después del crimen, la agente Wanda Esquivel contó al fiscal que instruyó la causa, José Mana, que cuando se trasladaban en el móvil policial, Alarcón sacó un arma de su chaleco y le pidió que la tirara por la ventanilla, en un área a metros de donde el Fiat Argo había evadido el control.
El juicio comenzó el 7 de septiembre de 2021. Durante todo el proceso ocurrieron 28 audiencias en las que se recabaron 60 testimonios.
Los fiscales López Villagra e Hidalgo manifestaron en reiteradas oportunidades que se trató de un caso de «gatillo fácil» y calificaron todo el episodio como “una masacre brutal y absurda”.
