La Justicia en lo Contencioso-administrativo de La Plata admitió el reclamo por daños y perjuicios presentado por los hijos de la víctima de violencia de género. Cuando hizo la última denuncia, la mujer le robó al autor la pistola con la cual aquél, tiempo después, acabó con su vida
El Juzgado en lo Contencioso-administrativo de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios deducida en contra del Estado bonaerense y de un policía que mató a su pareja -la madre de los actores- luego de sucesivos hechos de violencia de género.
“Surge probado que el accionado disparó con su arma reglamentaria, provista por la fuerza local”, precisó el tribunal.
En tanto, señaló que la responsabilidad del autor comprometía al Estado porque -de acuerdo con la teoría del órgano- la actividad de los agentes de la Administración se atribuye directamente a ella,sin que se requiera una indagación de la subjetividad del empleado.
“El Estado no responde por el hecho del dependiente, sino como actuando el mismo mediante un órgano de sus cuadros”, puntualizó.
Administración
La magistrada Ventura Martínez detalló que como la agresión no se dio mientras el encartado ejercía su función, la responsabilidad de la Administración quedaba comprometida no tanto porque la conducta del homicida le fuera atribuible, sino porque debe asumir el costo del riesgo inherente a una actividad como la policial, que se traduce en el hecho de armar a los dependientes.
“Deben recaer sobre el Estado las consecuencias de la mala elección y control del agente policial del que se vale para llenar los deberes a su cargo cuando éste resulta de una peligrosidad o ineptitud manifiesta”, enfatizó.
En ese sentido, la jueza destacó que la parte demandada recibió “múltiples advertencias previas” sobre la carencia de aptitud del imputado para desempeñarse en la fuerza, mediante las denuncias por violencia de género y familiar que presentó la víctima. “Además de configurarse la responsabilidad del Estado por la elección de los agentes destinados a una actividad riesgosa, le cabe también por la falta de servicio, ante la deficiente prestación de seguridad”, añadió.
Funcionarios
Así, concluyó que era innegable que la fallecida fue víctima de violencia de género por parte de quien fue su pareja y de los funcionarios policiales; particularmente, los que le tomaron la última denuncia, quienes le recomendaron devolver el arma que le había sustraído al encausado por su temor de que llevara adelante una acción como la que efectivamente aconteció días después.
