ESCUCHARLa Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados convocó a una nueva reunión informativa para continuar el debate sobre la reducción de la jornada laboral.
El encuentro -el tercero para abordar el tema en lo que va del año- será el martes 2 de julio.
Junto a representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias y especialistas, la comisión presidida por el radical Martín Tetaz buscará avanzar en el tratamiento de los proyectos de ley en la materia.
A mediados de mayo, Tetaz sumó una propuesta a las existentes en la Cámara Baja y el asunto se reinstaló.
En 2023, al inicio de la campaña presidencial, el por entonces oficialismo impulsó la merma de la jornada. Con los resultados de las PASO a la vista, insistió.
La oportunidad, los salarios, el para qué y los costos fueron y son los puntales de las críticas a las iniciativas del kirchnerismo, la izquierda y el socialismo, a las que se sumó la del político radical.
Tetaz sostuvo que “hay otra manera de organizar las horas” y aclaró que una de las características de su proyecto es que se plantea “de manera exploratoria” sin “imponer nada”.
“Abrimos la chance de que en cada convenio colectivo se pueda explorar, durante seis meses, una jornada alternativa”, precisó.
Tetaz – cuya iniciativa cuenta con el apoyo de la Coalición Cívica y el PRO- recordó que el año pasado se habló en el Legislativo con sindicatos y empresas sobre proyectos que proponían reducir la jornada “de prepo”.
En la reunión de principios de junio en la Comisión de Legislación del Trabajo hubo distintas lecturas. Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, se pronunció en contra. Sostuvo que no se debe modificar el régimen de jornada, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial. “No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción”, dijo, y advirtió que van a aumentar los costos laborales en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo.
Sobre las iniciativas que hablan de reducir a seis horas diarias y 36 o 30 semanales “sin que esto implique reducción salarial”, razonó que ello significa aumentar el costo de la hora trabajada para el empleador.
En la misma línea, Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), afirmó que actualmente dos de cada tres trabajadores del país tienen una jornada reducida.
La economista reseñó que solamente un tercio de los tiene empleo registrado y que laboran en promedio 40,2 horas semanales.
En tanto, aseveró que los potenciales beneficiados por un cambio en la legislación van a ser un 15% de los ocupados y que pasar de ocho a seis horas tendría un costo de 33% para las empresas.
Giordano valoró que los cambios que quieren implementarse no tendrían muchos efectos e, incluso, que podrían complicar a las firmas, aunque sí se mostró a favor del teletrabajo porque hay evidencias de que mejora la productividad.
A su turno, Julián Marchisotti, de la Comisión Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, opinó que al tema “no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad”, sino desde uno “social y humano”.
Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, también discrepó con Juárez Ferrer y Giordano porque, a su entender, analizan la jornada “simplemente como un instrumento de política de empleo o de mejora de la productividad”.
Según el letrado, la jornada es “una garantía constitucional y convencional, elevada a la categoría de derecho humano básico”.
En el mismo sentido, Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, dijo que es necesario modificar el régimen “porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a la prevista hace 100 años”.
Tecnologías
En 2023, durante la primera reunión de comisión de la Cámara Baja, la Unión Industrial Argentina (UIA) se pronunció en contra del avance de las iniciativas.
Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la entidad, cuestionó su para qué. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo”, afirmó.
“Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿Qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, preguntó. También recordó que en las negociaciones colectivas se fijaron jornadas diferentes de acuerdo a las actividades. “¿El Estado a qué viene?, manifestó.
“Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, agregó. “El derecho al trabajo es de la persona”, cerró.
Pymes
En ese marco, el Grupo de los 6 (G6) -la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la UIA- fustigó la creación de normas potencialmente perjudiciales para la generación de empleo formal.
Resaltó que la brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados es cada vez mayor; especialmente, tras la pandemia.
El G6 advirtió que una merma en la jornada podría redundar en más impuestos y en relación a las leyes de otros países destacó que acortaron la jornada de manera gradual y con estructuras socioeconómicas diferentes.
Pidió que los debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y Gobierno), tal como surge del compromiso que tiene el país con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la iniciativa, aunque puso reparos. Coincidió con la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero citó los costos.
