ESCUCHAREl fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la detención de Fabián “Conu” Rodríguez, el integrante de La Cámpora, ex miembro del gobierno de Axel Kicillof y actual funcionario de la AFIP, que -según se determinó- hablaba con Ariel Zanchetta, el ex policía y presunto agente de inteligencia inorgánico preso como principal sospechoso en la megacausa por espionaje a jueces.
El lunes, Gendarmería allanó la oficina de Rodríguez en la sede del organismo recaudador y su casa. Secuestró computadoras y documentos, pero no dio con el funcionario, que con el correr de las horas singue sin paradero conocido y no se puso a disposición de la Justicia.
Entre los mensajes que los peritos detectaron e los equipos de Zanchetta, Rodríguez le marca un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La conversación es del 9 de octubre del 2022 y el espía se comprometió a mandarle un “parte” y una nota y le consulta al camporista si debe seguir reportándose con él.
Hace horas, uno de los abogados de Zanchetta renunció a su defensa. Lo hizo por “discrepancia estratégica”, luego de que trascendieron más novedades en el caso.
Se trata del platense Marcelo Peña. Sigue su colega Fernando Scanavino, de Junín.
El panorama procesal de Zanchetta comenzó a complicarse en octubre, cuando se difundieron los resultados de un informe preliminar sobre sus teléfonos y computadoras que revelaron que entre sus contactos figura el ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado nacional, Rodolfo Tailhade, uno de los promotores del juicio político a la Corte.
Según el peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos aún más información de magistrados. El nombre del diputado kirchnerista llamó la atención y se presentó ante el juez para que, según afirmó en un comunicado, “no dude” en convocarlo de inmediato “si considera que es necesario”. Además de él, en el listado figuran, entre otros, los contactos “C5n Gustavo Sylvestre” y “periodista Tomás”.
Zanchetta fue detenido en Junín, provincia de Buenos Aires, a fines de junio. A partir de ese momento, la Justicia busca determinar si algunos de sus contactos, que suman casi 5.800, están vinculados con operaciones de inteligencia y delitos penales. Está procesado por acceso ilegítimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.
Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales de Comodoro Py y de los supremos, como situación laboral, fiscal y económica; datos sobre sus domicilios y vehículos; fotos y números de teléfonos.
Entre otros, la nómina de “objetivos” del encausado incluye al fiscal Carlos Stornelli y a su ex esposa y madre de sus hijos, y al ex fiscal de Mercedes Juan Bidone (que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio).
Zanchetta se empeño en recolectar información. Hasta ahora, la estrategia de su defensa fue alegar que sus búsquedas y recopilaciones de datos se justifican por su actividad como periodista. En su indagatoria negó tener vínculos con los servicios de inteligencia y afirmó que pidió más de dos mil informes de antecedentes de jueces y fiscales porque trabaja para la Agencia Nova, RealPolitik y otros sitios.
Luego de que Pollicita firmó un dictamen en el que dio por probado que “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas” obtuvo y reunió información personal de miles de personas y que la sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes, el oficialismo levantó la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Pollicita también avanzó con una serie de medidas y reclamó que se amplíe la indagatoria de Zanchetta.
En tanto, como la pericia determinó que tenía diálogo con Rodríguez, el agente motorizó procedimientos.
Tras suspenderse la reunión de la comisión, la oposición fustigó al oficialismo. El diputado Mario Negri aseguró que el kirchnerismo “perdió por abandono” y que “huyó como rata” del recinto.
Un grupo de legisladores del PRO pidió el desafuero de Tailhade por inhabilidad moral sobreviniente, en razón de su presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal.
Cabe resaltar que a fines de agosto, Zanchetta, señalado como “agente inorgánico” de inteligencia, dijo que desde que quedó detenido, y entre traslados, desaparecieron sus pertenencias: indumentaria personal, un bolso de mano y su DNI.
En ese contexto, sus representantes presentaron un habeas corpus correctivo por motivos de salud afirmando que no tuvo “debida y pormenorizada atención médica” por su Diabetes grado II” y que había sufrido taquicardia, brotes y una infección por ello. Un juez de Morón ordenó garantizar atención adecuada.
El reciente rechazo a un pedido de domiciliaria por parte de la defensa de Ezequiel Núñez Pinheiro, el hacker misionero también detenido en la pesquisa, frenó momentáneamente un planteo de Zanchetta en ese sentido.
Ramas
La causa tenía dos ramas: la intrusión a los celulares de un grupo de jueces y la creación de líneas de teléfonos, hechos que fueron denunciados por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
A fines de junio, Martínez de Giorgi ordenó cuatro detenciones. A esa altura, Nuñes Pinheiro ya había admitido que fue contratado por un usuario de Telegram desconocido para acceder, con los datos de las tarjeta sim, a los celulares de jueces y funcionarios. Dijo que él no entró a los teléfonos y que desconoce quién está detrás de la maniobra.
A Zanchetta las pruebas lo vinculan con pedir informes de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la base SudamericaData, el 8 de septiembre de 2022, el mismo día en que el último perdió el control de su línea y entraron al teléfono del juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces que llevó adelante el juicio “Vialidad”, que terminó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por corrupción.
También el año pasado, hizo más de dos mil búsquedas sobre, entre otras personas, los miembros de la Corte y el ex sentenciante federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro.
El descubrimiento del material abrió una tercera línea: la que convirtió al ex policía, según la Fiscalía, en sospechoso de desempeñarse desde 2009 y al menos hasta 2015 como espía inorgánico o colaborador de la ex SIDE.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica solicitó la expulsión del legislador del Frente de Todos Tailhade.
Asimismo, los legisladores Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, entre otros, adelantaron que pedirán que sea apartado de las comisiones de Juicio Político y de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
“La información que ha trascendido respecto a una posible vinculación entre el diputado Tailhade y una red de espionaje ilegal de la que formarían parte Zanchetta y Rodríguez, evidencia una situación de extrema gravedad institucional. Atenta contra el normal funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial en nuestro país”, consignaron los solicitantes en el escrito que presentaron ante la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau.
“Resulta sumamente grave que un diputado que integra las comisiones haya tenido conversaciones telefónicas con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que obtuvo ilegalmente comunicaciones de magistrados y políticos, entre otros”, sumaron.
Tailhade quedó en el foco de la polémica luego de que la Justicia descubriera que mantuvo conversaciones con Zanchetta.
En los intercambios -realizados a través de la aplicación Telegram-, el oficialista recibió informes sobre Elisa Carrió y el caso “Lago Escondido”. El espía, además, le ofreció datos sobre el senador Luis Juez.
La Coalición Cívica considera que Zanchetta “trabajaba por encargo del kirchnerismo”.
Bajo esa premisa, reclamó además ampliar el pedido de juicio político contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, promovido originariamente en diciembre de 2020.
La solicitud es para que se investigue su responsabilidad en las maniobras de espionaje ilegal de las que habrían participado funcionarios con estrechos vínculos con ella, porque ocuparon cargos relevantes en los organismos de inteligencia durante su gestión presidencial.
Horas antes de que miembros de su partido pidieran la expulsión de Tailhade, el jefe del bloque, Juan Manuel López, consideró que la Comisión de Juicio Político funcionó como “una central de inteligencia a cielo abierto”, donde se vio al legislador del Frente de Todos mostrar “supuestos chats y datos que no tenían el común de los diputados sobre las personas acusadas y los testigos que declaraban, para sostener sus hipótesis a fin de destituir a la Corte”.
Coparticipación
El vicepresidente de la Comisión de Juicio Político recordó: “El oficialismo decidió enjuiciar a la Corte a fin del año pasado porque le sacó una medida cautelar que no le gustaba, promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la coparticipación”.
López sostuvo que a partir de ese momento empezó un proceso para enjuiciar a la Máxima Instancia por el contenido de sus sentencias y valoró que como el kirchnerismo sabía que eso no se podía hacerse “usó información de inteligencia ilegal para sostener sus acusaciones”.
Para el diputado, podría tratarse de “una de las centrales de inteligencia más grande de la historia contemporánea”, en la cual “el kirchnerismo consumía y utilizaba” información con fines que todavía se ignoran pero que “evidentemente” se direccionaron a “controlar y extorsionar”.
“Ahora hay trascendidos de que este agente de inteligencia tenía información sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman“, agregó.
