ESCUCHAREl Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño de la provincia de León con síndrome de Down, quien fue derivado a un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.
Para el organismo de la ONU, las autoridades españolas no evaluaron los requerimientos específicos del infante y no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria, pese a las obligaciones al respecto establecidas en la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad.
El caso involucra a Rubén, actualmente mayor de edad, quien tenía 10 años en 2009. Según la pesquisa que realizó el comité, hasta ese momento tuvo buenas relaciones con sus compañeros de clase y maestros en una escuela ordinaria de León, donde contaba con un asistente de educación especial.
Ese año, cuando Rubén comenzó el cuarto curso, la situación comenzó a deteriorarse, se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su maestro y comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe del centro mencionó un “retraso en el desarrollo” asociado a su síndrome.
En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación motorizó la matriculación del joven en un centro de educación especial.
Los padres recurrieron sin éxito la decisión de las autoridades educativas y denunciaron posibles abusos, que no fueron investigados, por lo que en 2017 elevaron el caso ante el comité de la ONU. Éste, después de examinar las alegaciones de ambas partes, estableció que España violó el derecho del adolescente a la educación inclusiva.
“No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén”, detalló en un comunicado.
Así, le solicitó a España que garantice que el joven, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen efectivamente las denuncias de abuso.
